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XALAPA, VER.- El Poder Judicial del Estado de Veracruz cerrará el ejercicio presupuestal del año 2021 con una histórica reducción en el ejercicio de su presupuesto, superior a los 218 millones de pesos, gracias a la política de austeridad implementada por la magistrada Presidenta, Isabel Inés Romero Cruz y que además, implicó la eliminación de prestaciones innecesarias y lujosos gastos asignados a los togados desde administraciones pasadas.
El Poder Judicial, por conducto de la directora de Administración del Consejo de la Judicatura, Joana Marlen Bautista Flores, habrá de ejercer menos de mil 884 millones de pesos de su presupuesto anual, algo histórico en comparación a lo que venía ocurriendo hasta el bienio yunista donde el derroche y los excesos convirtieron a esta instancia en el “cuerno de la abundancia” para los magistrados y personal de alto nivel.
De acuerdo con documentos de transparencia, el presupuesto ejercido en el PJEV alcanzó en el 2019 un máximo de dos mil 102 millones de pesos, correspondiente al último año de Edel Álvarez Peña, en tanto que para el año 2020, se bajó a mil 905 millones de pesos y para este ejercicio 2021 la cifra cerrará sobre los mil 884 millones de pesos, implicando un ahorro sustantivo.
Aplicar la austeridad sí se pudo en el Poder Judicial del Estado al limitarse a lo indispensable el rubro de adquisiciones y eliminar conceptos como papelería de “lujo”, que le costaban a los veracruzanos 108 millones de pesos anuales, así como también se suprimió el Fondo Revolvente, la contratación de secretarios en áreas administrativas que sólo engrosaban la nómina y desde luego, se quitaron los choferes para los togados.
Al ajustarse los servicios personales, se logró un ahorro superior a los 48 millones de pesos, con el plan de austeridad y eficiencia de los recursos, otros 33 millones de pesos, también se eliminaron las gratificaciones extraordinarias por 31.8 millones de pesos; en sueldos, salarios y compensación temporal compactible, se lograron otros 9 millones de pesos, así como se cancelaron 123 plazas de personal de confianza de base, contrato y sólo compensación que de agosto a diciembre hubieran sangrado el presupuesto del Poder Judicial con más de 26.3 millones de pesos.
Lograr un gasto austero, sin que afecte la operatividad y los resultados que la sociedad demanda del Poder Judicial no ha sido tarea fácil ni para la magistrada presidenta Isabel Inés Romero ni para la directora de Administración, Joana Bautista, pues se han encontrado con la resistencia “natural” de magistrados y magistradas acostumbradas a la “abundancia” y que no están dispuestos a perder miles de pesos en sus salarios y prestaciones, por fortuna, son los menos, y el PJEV empieza a salir de su crisis financiera, producto de los excesos del pasado.
Estas dos mujeres han sabido conducir al Poder Judicial hacia una política efectiva de austeridad, no simulada, en ello, se han sumado magistrados y consejeros comprometidos con los nuevos tiempos políticos y con la profunda transformación de las instituciones del Estado veracruzano, quienes aceptaron voluntariamente una reducción en sus ingresos por sueldos y compensaciones por 12.6 millones de pesos y con la eliminación de fondos auxiliares, se dejarán de erogar más de 18 millones de pesos en este año.
Sin duda, tanto la magistrada Inés Romero como Joana Bautista le darán certeza presupuestal al Poder Judicial, sin dejar de cumplir con los compromisos financieros con proveedores y constructores, previéndose que para el año 2022, la solicitud que haga este el PJEV al Poder Ejecutivo y Legislativo ronde los mil 699 millones de pesos, con lo que se logrará una reducción aún más importante en el ejercicio fiscal venidero.
Sin duda, el nombramiento de Joana Marlen Bautista Flores como administradora ha sido un acierto de la Legislatura local, pues dicha funcionaria ha respondido con creces en su misión de recomponer las finanzas del Poder Judicial, actuando con transparencia, honestidad y eficiencia.
