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XALAPA, VER.- El Poder Ejecutivo federal envió una iniciativa que integra la propuesta de 23 leyes en la que propone hacer uso de la “Cláusula exorbitante”, la cual permitirá al Gobierno Federal cancelar los contratos de obra pública o arrendamientos de edificios sin necesidad de pagar a los constructores la inversión que realizaron, indicaron los integrantes de la Sociedad Mexicana de Industriales y Transformadores de la Construcción (SMITC).
En conferencia de prensa el constructor Marcos Salas Contreras y el abogado Rafael Hernández Matías informaron que esta ley también permite que la obra pública la entregue el Gobierno Federal a las empresas constructoras de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT).
La iniciativa de ley fue enviada el 23 de marzo a la Cámara de Diputados federal y se espera en el siguiente periodo que los legisladores la analicen.
“Es una burla, propio de un autócrata. Todos los contratos de obra pública, arrendamiento y cualquier suministro es muy grave. No solo afecta a los industriales de la construcción, esta iniciativa afecta incluso a quienes les rentan una bodega, edificio, el contrato estaba para diez años, el gobierno puede anular el contrato y no pagar la pena convencional por no cumplir los diez años que habían convenido, esto es muy grave”.
El abogado detalló que de aprobarse la ley de la cláusula exorbitante permitirá al Gobierno del Estado cancelar la obra, sin que tenga la obligación de pagarle a la empresa constructora el dinero que ya invirtió.
“La ley exorbitante dice que no se va a pagar ante una rescisión de obra cuando el gobierno establezca que afecta al interés público, sin mayor motivación, el gobierno invoca la cláusula exorbitante, cancela el contrato y no hay pago de los gastos no recuperables, gastos moratorios” indicó.