JUAN DAVID CASTILLA
XALAPA, VER.- Un grupo de personas mantiene las jornadas para la búsqueda de sus familiares de desaparecidos en 12 municipios de la región de Xalapa, la capital del estado de Veracruz.
Se trata de integrantes del colectivo de búsqueda “Solecito Veracruz”, quienes han llevado a cabo una jornada de difusión, colocando fichas y fotografías de sus seres queridos.
Esto lo realizaron en el parque Benito Juárez de la ciudad de Xalapa, Veracruz, acciones que han replicado en otros municipios de la zona.
Se busca hacer visible el caso de sus familiares para que la gente los reconozca y en caso de tener información, la proporcionen para su localización.
Lilia Almanza García busca a su hermano Alfredo Román Arroyo García, quien desapareció desde el 18 de julio de 2011 junto con Edilberto Hernández Téllez.
“Seguimos en la búsqueda hasta encontrarlos. La mayoría de colectivos somos de hace más de cuatro años que buscamos a nuestros familiares. Somos de larga data. Llegamos a Xalapa y venimos recorriendo desde Misantla”, añadió.
Las personas también han recorrido localidades de Chiconquiaco, Misantla, Naolinco y Jilotepec, por mencionar algunos municipios de la región capital de Veracruz.
Mencionaron que las jornadas concluirán en Las Trancas, en las inmediaciones de Xalapa y Emiliano Zapata, lugar donde Alfredo Román desapareció hace más de 13 años.
Al momento de su desaparición, Alfredo tenía 33 años de edad y Edilberto 26. Ambos viajaban a bordo de una camioneta negra Jeep-Cherokee.
PROPUESTAS
Integrantes de colectivos de búsqueda propusieron un plan para prevenir la desaparición de personas en el estado de Veracruz, que incluye análisis de incidentes, acciones gubernamentales y necesidades presupuestarias de las instituciones involucradas.
Las personas pidieron ser escuchadas por las autoridades estatales y les hicieron una serie de recomendaciones para mejorar la atención de estos casos.
De acuerdo con María Elena Gutiérrez, del colectivo Buscando a sus Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz, quien busca a su sobrino Rafael Espinosa Gutiérrez, desaparecido el 15 de agosto de 2013, las pasadas administraciones solo simularon que trabajaban.
Se busca garantizar la participación de las familias de desaparecidos en la evaluación de políticas y la atención de casos. Además, se enfatiza la rendición de cuentas y el castigo a los responsables de desapariciones, especialmente en casos de larga data.
María Elena indicó que la evaluación ciudadana de la implementación de la ley en materia de desapariciones sugiere crear un espacio de diálogo con las familias para mejorar las políticas públicas y su evaluación.
Los familiares de desaparecidos recomendaron incluir entre los ejes prioritarios de este gobierno la atención a la temática de desaparición de personas, propiciando la coordinación efectiva de las acciones señaladas en la Ley General en materia de Desaparición y la Ley 677.
Opinaron que es necesario definir de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Búsqueda, programas tendientes a la prevención del delito de desaparición de personas, considerando las incidencias en desapariciones y no localizaciones, el análisis de contexto y demás acciones gubernamentales necesarias.
También se propuso realizar ejercicios de análisis de necesidades con las instituciones que hacen parte del Mecanismo Estatal de Coordinación, para dotarles de presupuesto suficiente para su óptimo funcionamiento.
Además, se requiere evaluar las acciones de gobierno de manera periódica, de tal manera que el punto anterior se pueda cumplir a cabalidad, así como propiciar mecanismos efectivos de escucha con las familias de personas desaparecidas, agrupadas en colectivo y descolectivizadas, para evaluar las acciones que emprenden las instituciones para la atención de casos individuales y de aquellos casos que son de interés general.
“En todo momento se debe contar con mecanismos de rendición de cuentas con independencia de la celebración de sesiones de Evaluación y Seguimiento o del Mecanismo Estatal de Coordinación”, enfatizaron.
RED LUPA
Al pronunciamiento se sumaron representantes del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. (IMDHD), del Consejo Estatal Ciudadano de Veracruz y del Colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz.
Estas organizaciones conforman la Red Lupa, la cual supervisa el desempeño institucional en materia de desaparición de personas y emite recomendaciones de mejora a las autoridades de los gobiernos de los estados.
De acuerdo con el IMDHD, México enfrenta una de las crisis humanitarias más graves de su historia reciente, con 121,582 personas desaparecidas y no localizadas registradas hasta enero de 2025, y más de 72,000 cuerpos sin identificar acumulados desde 2006.
Esta realidad impacta profundamente a las familias de las víctimas y evidencia fallas estructurales en las instituciones encargadas de la búsqueda, identificación y atención a víctimas.
“A pesar de contar con marcos legales avanzados, las instituciones responsables como la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Fiscalía General de la República (FGR) aún enfrentan grandes retos en la coordinación, implementación de protocolos y garantía de derechos”, señala.
Más de 94,000 cuerpos recibidos en 2023; el rezago en identificación sigue en aumento. Solo el 3% del presupuesto de las fiscalías se destinó a servicios forenses en 2018.
En los últimos años, 21 buscadoras han sido asesinadas, reflejando el riesgo constante que enfrentan quienes buscan justicia.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) reporta que hasta 2023 únicamente 814 víctimas de desaparición estaban registradas en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI).
Esta cifra es preocupantemente baja si se compara con el total oficial de personas desaparecidas y no localizadas, que asciende a 121,582 hasta enero de 2025.
“Las organizaciones y colectivos que integran la Red Lupa reiteramos la imperiosa necesidad de que el Estado Mexicano reconozca la magnitud de la crisis de desapariciones en el país y garantice la correcta implementación de los marcos legales destinados a su atención”, enfatizan.
