JUAN DAVID CASTILLA
XALAPA, VER.- La población xalapeña se pronunció nuevamente en contra de la introducción del gasoducto en la región capital del estado de Veracruz, proyecto que se implantaría en los municipios de Xalapa, Emiliano Zapata y Coatepec.
Los habitantes de esta zona dieron a conocer que se retomó la lucha legal contra la introducción de un gasoducto en la carretera federal Xalapa-Veracruz.
Los integrantes del Frente Veracruzano Social (Frevesol) reactivarán un amparo ante autoridades para frenar el proyecto mencionado.
De acuerdo con el presidente de Frevesol, Carlos Hernández Arriaga, la empresa retomó la introducción de ductos para transportar material peligroso, pese a que el Ayuntamiento de Xalapa respondió a una solicitud de transparencia que no existía autorización para el proyecto.
Expuso que el servicio de suministro de gas es de carácter industrial y va directamente a las empresas transnacionales Nestlé y Coca Cola, ambas ubicadas en Coatepec, municipio conurbado con la capital veracruzana.
Los ductos de gas natural pasarían por la zona universitaria, escuelas, calles transitadas y otras zonas, poniendo en riesgo a los ciudadanos.
De acuerdo con Carlos Hernández Arriaga, fue en 2017 cuñado interpusieron un amparo contra la empresa Gas Natural del Noroeste.
El juicio de amparo con el folio 696/2017 fue promovido por el presidente de Frevesol, ante el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz.
“Desde que nosotros nos enteramos que había esa propuesta nos opusimos, no estamos a favor, es un verdadero peligro porque son obras que no están planeadas; se logró detener, y ahora la volvieron a reactivar (…) vamos a reactiva o iniciar otro amparo, es un derecho constitucional”.
El trazo de la obra pasaría por la carretera Xalapa-Veracruz, a la altura de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Murillo Vidal, Circuito Presidentes, carretera Xalapa-Coatepec para concluir en la comunidad La Orduña, del municipio de Coatepec.
SIN PERMISOS
En enero de 2024, la Dirección de Desarrollo Urbano del ayuntamiento de Xalapa confirmó mediante un oficio que no hay permisos de construcción ni licencia para el proyecto del gasoducto a la empresa Gas Natural del Noroeste.
El presidente del Frente Veracruzano Social, Carlos Hernández Arriaga, solicitó la información por escrito y recién le respondieron que no hay solicitudes de licencia para el gasoducto.
“Nos dicen que no hay solicitud de permiso por parte de la empresa Gas Natural del Noroeste y no hay ninguna licencia de construcción”, expresó.
Los ciudadanos y asociaciones civiles continuarían la lucha social en contra del proyecto al considerar que el gas será para uso industrial y no domiciliario.
En el oficio de Desarrollo Urbano, se leía: “hago de su conocimiento que esta Dirección de Desarrollo Urbano no ha otorgado permisos o licencias de construcción a favor de la empresa denominada Gas Natural del Noroeste”.
Carlos Hernández mencionó que la respuesta obtenida por parte del ayuntamiento de Xalapa fue casi inmediata.
Cabe recordar que la introducción de la tubería para el gasoducto se retomó en diciembre de 2023 sobre la carretera federal Xalapa-Veracruz, a la altura de la localidad El Lencero, municipio de Emiliano Zapata.
El proyecto se dio a conocer desde el año 2014; sin embargo, los pobladores se opusieron y tramitaron amparos, por lo que se suspendió en 2017.
Los trabajos se reactivaron para el suministro de gas natural a las empresas Coca Cola y Nestlé, cuyas industrias se localizan en Coatepec.
PROYECTOS SIMILARES
Otro proyecto similar es el gasoducto Puerta al Sureste, que pretende llevar gas, extraído con la técnica altamente contaminante conocida como fracking, desde Tuxpan hasta Coatzacoalcos y a la refinería Dos Bocas; sin embargo, pobladores indígenas denunciaron que no fueron consultados para ello.
Las organizaciones ambientalistas Conexiones Climáticas, Centro de los Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño, Greenpeace y Territorios Diversos para la Vida se han pronunciado al respecto.
Indican que no se contó con la participación de las comunidades indígenas locales, sobre todo de las comunidades pesqueras de la costa del sur de Veracruz que no han sido informadas por la empresa de los impactos directos e indirectos de la obra para sus medios de vida.
Además, el proyecto ha sido fragmentado en dos etapas, escondiendo así su verdadero impacto acumulativo. Esto viola todos los protocolos de consulta a comunidades indígenas y expone a la empresa a más riesgos, costos y retrasos.
“Ninguna de las comunidades nahua, nuntajɨɨyi’ u otras comunidades indígenas costeras ha recibido información adecuada ni de TC Energy ni del gobierno mexicano sobre el gasoducto que quieren construir en nuestro territorio ancestral. No se nos ha consultado y vemos un patrón por parte de esta empresa con sus proyectos en otros territorios”, dijo Maribel Cervantes Cruz.
Los ambientalistas hicieron un llamado al gobierno mexicano a garantizar el cabal cumplimiento de los convenios internacionales que ha ratificado en reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y que ponga por delante a estos mismos antes que los intereses económicos de empresas transnacionales.
El 4 de junio 2024, integrantes de los pueblos otomí, nahua, totonaco, nuntajɨɨyi’ y tepehua, junto con el pueblo originario wet’su’wet’en de Canadá, presentaron una solicitud a la Asamblea General de Accionistas de la transnacional canadiense TC Energy -antes TransCanada- para realizar una evaluación independiente de los daños financieros, de tiempo, de reputación y de buena voluntad que ha sufrido la empresa por no obtener el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas por sus proyectos.
En la implementación de los proyectos de TC Energy en territorios indígenas no se ha realizado una consulta previa, libre e informada, como lo establece el convenio 169 de la OIT, en la que se dé a conocer toda la información necesaria de los impactos integrales que tendrán dichos proyectos para las comunidades en costa y tierra adentro, para que, bajo sus propios sistemas tradicionales puedan tomar una decisión sobre los proyectos en sus territorios.
Estas comunidades apelan a argumentos convencionales, éticos y empresariales para convencer de que estos proyectos no sólo afectan gravemente sus medios de vida, sus derechos y su seguridad, sino que incluso son económicamente inviables para TC Energy.
Esta empresa, que ha firmado varios contratos con la administración federal para el transporte de gas fósil a través de su territorio, ya ha incurrido en retrasos, rediseños y cambios de trazado de sus proyectos en México.
Esto tiene antecedentes cercanos: en 2018, TC Energy decidió invertir en el gasoducto Coastal Gas Link que transportaría gas, del interior de Canadá hasta la costa, para su posterior exportación.
Este presupuesto se disparó de 6 mil 200 a aproximadamente 14 mil 500 millones de dólares debido a protestas de las Primeras Naciones e impugnaciones judiciales. Por razones semejantes, en 2020, debido a que en el trazo original pretendía atravesar un centro ceremonial indígena, el gobierno mexicano obligó a TC Energy a desviar el proyecto del gasoducto Tuxpan-Tula, cuya finalización estaba prevista para 2018.
