JUAN DAVID CASTILLA
XALAPA, VER.- Organizaciones indígenas, colectivos y asociaciones exigen que cese la criminalización personas indígenas Ayuujk y Binizaa en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
Se trata de la persistente criminalización en contra de 24 personas indígenas Ayuujk y Binizaa, originarias de las comunidades de Mogoñé Viejo del municipio de San Juan Guichicovi y de Rincón Viejo, Petapa.
Ambas comunidades han sido afectadas por las obras de ampliación del ferrocarril del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, impuestas sin su consentimiento.
Ante la falta de atención a sus demandas, han ejercido acciones legítimas de defensa de sus territorios y proyectos de vida, por lo cual hoy enfrentan procesos judiciales injustos que buscan silenciar su resistencia.
Durante el 22 de abril de 2025, en el marco del Día internacional de la Madre Tierra, organizaciones y asociaciones nacionales e internacionales que integran la Misión Civil de Observación del Istmo se manifestaron frente al Museo Nacional de Antropología, en la Ciudad de México.
Entre las personas denunciadas, se encuentran tres integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (Ucizoni): Juana Ines Ramírez Villegas, José Alberto Cayetano Matus y Andrés Perez Hernandez, reconocidas por su labor como personas defensoras del territorio y beneficiarias del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Su legítima labor de acompañamiento a las comunidades arriba mencionadas ha sido la razón por la cual hoy enfrentan criminalización a través de procesos judiciales.
Esta situación refleja el clima de hostigamiento e intimidación que enfrentan las personas defensoras del territorio, en contravención del artículo 9 del Acuerdo de Escazú (Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe), que establece la obligación de los estados de garantizar condiciones adecuadas para la defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales.
La Misión Civil de Observación surgió en 2022 como respuesta a las agresiones contra pueblos indígenas, personas y comunidades defensoras de la tierra y el territorio frente a la imposición del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
En el informe publicado por las organizaciones en junio de 2024, se resalta la gravedad de las múltiples agresiones registradas, perpetradas en su mayoría por actores gubernamentales de los diferentes niveles.
Entre ellas, resulta especialmente alarmante el uso del poder punitivo del Estado a través de la apertura de carpetas de investigación en contra de al menos 55 personas defensoras de los territorios en la región del Istmo.
Actualmente, permanecen abiertas tres carpetas en contra de 24 personas indígenas Ayuujk y Binizaa (OAX/000294/2023; OAX/000201/2023 y OAX/000574/2024).
En el caso de la comunidad de Mogoñé Viejo, municipio San Juan Guichicovi, 16 mujeres y hombres indígenas están siendo acusadas del delito de ataques a las vías de comunicación. Desde 2019, esta comunidad inició una lucha por la defensa de su territorio.
Lo anterior fue plasmado en un pronunciamiento firmado por diversas organizaciones civiles, entre ellas la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), ARTICLE 19 - Oficina para México y Centroamérica y Territorios Diversos para la Vida (TerraVida), por mencionar algunas.
