- Diagnósticos de la CNDH revelan que seis penales de Veracruz operan con autogobierno, extorsión y actividades ilícitas. La falta de control institucional pone en riesgo los derechos humanos
Xalapa, Ver.- Seis de los 17 centros penitenciarios del estado de Veracruz mantienen calificaciones reprobatorias en materia de gobernabilidad, control institucional y respeto a los derechos humanos, de acuerdo con los diagnósticos realizados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en los últimos años.
Los informes del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria revelan que los penales de Coatzacoalcos, Tuxpan, Amatlán, Poza Rica, Acayucan y Pacho Viejo han presentado condiciones asociadas al autogobierno, la presencia de actividades ilícitas y el cobro de cuotas o sobornos al interior de los centros de reclusión.
Cada año, desde 2006, la CNDH evalúa el funcionamiento de los penales estatales con base en aspectos que garantizan la integridad física y moral de las personas privadas de la libertad. El diagnóstico califica del 1 al 10 condiciones como la gobernabilidad, la reinserción social, la atención a grupos en situación de vulnerabilidad y la legalidad en los procedimientos. En el caso de Veracruz, la evaluación abarca 17 centros penitenciarios bajo administración estatal.
Una revisión realizada por AVC Noticias a los últimos 13 diagnósticos anuales muestra que aproximadamente el 40% de los penales evaluados en el estado han obtenido calificaciones reprobatorias de forma constante. En los centros de Coatzacoalcos, Tuxpan, Amatlán y Poza Rica, las inspecciones documentaron prácticas de cobros indebidos a personas privadas de la libertad.
El diagnóstico considera estos cobros como una forma de extorsión institucional o interna. Se identifican como indebidos los pagos exigidos por protección, asignación de espacios para dormir, pase de lista, uso del teléfono, mantenimiento de dormitorios, acceso a alimentos, medicamentos, atención médica, visitas o participación en actividades laborales, educativas y deportivas. También se consideran ilegales los pagos para evitar sanciones disciplinarias o por negarse a realizar labores de limpieza.
La evaluación distingue entre cobros realizados por personal penitenciario y aquellos impuestos por otros internos. En este último caso, la CNDH advierte que se trata de formas ilegítimas de control dentro del penal que reflejan estructuras paralelas de poder, corrupción institucional y ausencia de autoridad efectiva.
Estas condiciones suelen estar relacionadas con un debilitamiento del control por parte de las autoridades penitenciarias. El diagnóstico observa si existe vigilancia sobre la seguridad, supervisión de actividades diarias, control de los servicios, regulación de visitas y monitoreo del uso de teléfonos. La falta de control en estos elementos puede favorecer el autogobierno o cogobierno, donde internos asumen funciones que deberían ser exclusivas del personal del penal.
Además, la CNDH evalúa la presencia de actividades ilícitas como el otorgamiento de privilegios, el ingreso de objetos o sustancias prohibidas, prácticas de prostitución o el dominio ejercido por ciertos internos sobre el resto de la población. Estas situaciones generan ambientes desiguales, inseguros y violatorios de los derechos humanos.
El conjunto de estos factores permite identificar centros penitenciarios con mayor riesgo de conflictos, violencia y crisis de gobernabilidad. Tal fue el caso del penal de Tuxpan, donde el pasado 2 de agosto se registró un motín que dejó ocho personas muertas y diez heridas. El incidente se dio en un contexto donde, de acuerdo con diagnósticos anteriores, ya se habían detectado prácticas de autogobierno, extorsión y ausencia de control institucional.
VERACRUZ REGISTRA SOBREPOBLACIÓN PENITENCIARIA DEL 21.8%
Al cierre de 2024, el sistema penitenciario de Veracruz enfrentaba una sobrepoblación del 21.85%, con 1,518 personas privadas de la libertad por encima de su capacidad instalada.
Así lo revelan datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, correspondiente a diciembre de ese año.
Los Centros de Reinserción Social (CRS) más saturados se localizan en Amatlán de los Reyes, Xalapa (Pacho Viejo) y Poza Rica. Aunque los dos primeros son de los más grandes del estado, registran incrementos superiores al 50% respecto a su capacidad operativa.
En Amatlán, con capacidad para 1,007 personas, se albergan 1,555, lo que representa un hacinamiento del 54.42%. En Pacho Viejo, la sobrepoblación alcanza el 51.89%, con 1,329 personas en un espacio diseñado para 875.
En Poza Rica, el penal tiene capacidad para 265 personas, pero mantiene a 392, con una sobreocupación del 47.92%. Otros centros con altos niveles de hacinamiento son Papantla (41.20%), San Andrés Tuxtla (20.91%), Jalacingo (74.31%), Tantoyuca (86.36%), Misantla (38.03%), Pánuco (78.26%) y Chicontepec, que presenta la situación más crítica, con una sobrepoblación del 122.22%.
En contraste, algunos penales operan por debajo de su capacidad. Tal es el caso del CRS de Zongolica, con un 26.83% menos de personas internas respecto a su capacidad instalada; Huayacocotla con -23.61% y Acayucan con -12.03%.
A nivel nacional, Veracruz se ubicó como el octavo estado con mayor número total de personas privadas de la libertad, al contabilizarse 8,464 personas en reclusión.
PREDOMINAN LOS DELITOS DEL FUERO COMÚN
El 97.87% de las personas privadas de la libertad en Veracruz enfrenta cargos o sentencias por delitos del fuero común, es decir, 8,284 personas. Solo el 2.13% (180 personas) están en prisión por delitos federales, lo que refleja la alta carga del sistema estatal frente a delitos de competencia local.
El Centro de Reinserción Social de Coatzacoalcos es el penal con mayor número de personas internas, con 1,569. A pesar de ello, opera ligeramente por debajo de su capacidad instalada, con una diferencia de -3.86%. Le siguen en número los penales de Amatlán, Pacho Viejo y Tuxpan.
LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA SON HOMBRES
La distribución por género en los centros penitenciarios de Veracruz muestra que la mayoría de las personas privadas de la libertad son hombres. En el penal de Coatzacoalcos, por ejemplo, hay 870 hombres procesados y 542 sentenciados por delitos del fuero común, frente a 60 mujeres procesadas y 30 sentenciadas.
Situación similar se observa en Pacho Viejo, donde se contabilizan 827 hombres procesados y 357 sentenciados, frente a 68 mujeres procesadas y 21 sentenciadas. Esta tendencia se repite en todos los centros del estado.
