- El senador, Javier Corral Jurado, destacó que la ley antilavado se actualizó después de una década y que ahora incluye apartados relacionados con los sectores financiero e inmobiliario, las criptomonedas y otros
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Veracruz, Ver.- El senador de la República del Grupo Legislativo de Morena, Javier Corral Jurado, dijo que la ley antilavado de dinero cuenta con un apartado que incluye a las asociaciones religiosas y a las asociaciones sin fines de lucro, por lo que se tendrán que preparar sobre el manejo de recursos, ya que hay iglesias que manejan montos de efectivo que calificó como “tremendos”.
En ese sentido, Corral Jurado refirió que la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Ciudad de México, capta 60 millones de dólares en efectivo al año.
“Hay organizaciones sin fines de lucro que están incorporadas a la legislación y ahí entran las asociaciones religiosas; de hecho hay un capítulo en los transitorios, un tiempo, para que se vayan preparando, capacitando, en el manejo de recursos”, expresó.
El senador de la República aclaró que los legisladores no se reunieron con los jerarcas de la Iglesia Católica para incluir a la asociación religiosa en la ley antilavado de dinero.
Javier Corral Jurado destacó que la ley antilavado de dinero se actualizó después de una década y que ahora incluye apartados relacionados con los sectores financiero e inmobiliario, notarios, corredores y peritos, partidos, sindicatos y además el manejo de criptomonedas. Corral Jurado aseguró que la ley antilavado de dinero resultó mejor que a la legislación estadounidense.
“Obviamente estamos incorporando actividades vulnerables, profesiones, que estaban fuera de la legislación, incluso estamos incorporando a partidos y sindicatos, que es una de las grandes reformas de esta legislación que han estado un poco al margen de este seguimiento (…) La ley aplica para todos los que en hipótesis son sujetos de obligaciones”, insistió.
El senador aclaró que la ley antilavado de dinero tiene como objetivo prevenir e investigar de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que no se trata de una legislación penal. Por último, Javier Corral indicó que dicha legislación obliga a una coordinación mayor entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
