Jorge Parra
Misantla, Ver. - Con apenas unos 16 lugares para recibir a los imputados, los agraviados, sus defensores, los fiscales, los guardias y los familiares de las partes y demás individuos, la sala donde se llevan a cabo las audiencias con principio de oralidad (conocidas como juicios orales) es un inmueble pequeño que se queda corto para recibir las diligencias judiciales.
El edificio que fuera construido por designio del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, tras la donación del predio por el gobierno municipal de Álvaro Mota Limón y con recursos donados por la paraestatal Petróleos Mexicanos, hoy día resulta insuficiente.
Pese a que en septiembre de 2015, el presidente del poder Judicial de Veracruz anunció en este mismo municipio la construcción de la ciudad judicial, donde se albergarían juzgados, fiscalías e incluso una posible sala de juicios orales, este proyecto no se ha concretado y solo se ha reducido a la pronunciación de Alberto Sosa Hernández, magistrado presidente del mencionado poder.
Tan solo con la audiencia de vinculación a proceso que se llevara a cabo la tarde del pasado miércoles del polémico caso de los policías detenidos tras la muerte de una familia, supuestamente por disparos efectuados por los propios uniformados, la sala resultó insuficiente.
Parte de los fiscales, y de los equipos litigantes tanto de la parte coadyuvante de los fiscales de parte de las víctimas, como de los abogados defensores tuvieron que abandonar la sala, pues los lugares al interior del inmueble resultaron insuficientes.
