Tras rechazar los inmuebles que dio la administración estatal al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) por un monto de cinco mil 496 millones de pesos, los jubilados y pensionados anunciaron que presentarán una denuncia penal en contra del Consejo Directivo de Pensiones y sea el gobierno saliente o el entrante quien pague el dinero que fue saqueado de las arcas del organismo que asciende a los cinco mil millones de pesos.
Por ello, rechazaron la intención del gobierno de que les dé varios inmuebles que serán malbaratados, pues lo que necesitan es el capital.
Jesús Arenzano Mendoza, integrante del Frente del IPE, a nombre de los agremiados, rechazó esa propuesta que dio el gobierno a título gratuito.
“Nosotros no queremos inmuebles, lo que queremos son los fondos y que se restituya el dinero, constante y sonante, que son más de cinco mil millones de pesos”, expuso.
Asimismo, señaló que por esa razón denunciarán a todos los integrantes del Consejo Directivo del IPE, tanto los representantes sindicales como a los representantes del gobierno porque el dinero fue saqueado de las arcas del IPE bajo el consentimiento de los integrantes del Consejo Directivo de Pensiones.
Igualmente, acusó que ese dinero fue invertido en cuentas bancarias, mansiones, negocios mal habidos o hechos al amparo del saqueo.
“Se debe aplicar la Ley a quienes lo desaparecieron y por ello vamos a presentar la denuncia penal, principalmente en contra del Consejo Directivo de Pensiones sobre el saqueo que se hizo de dos administraciones estatales a la fecha”, enunció.
El también integrante de la Unión Democrática de Jubilados y Pensionados en la región de Orizaba, comentó que se debe ejercer acción penal contra los saqueadores del IPE y, al término de esta administración, apresarlos y que devuelvan el dinero que no es de ellos sino de los trabajadores.
Por eso, exigió a la nueva administración se aplique una auditoría y ejercer un proceso legal en contra de aquellos que dañaron financieramente al IPE.
“El gobierno es quien debe garantizar la responsabilidad primeramente haciendo una auditoría y, en segunda, ejerciendo un proceso legal”, finalizó Arenzano Mendoza.
