Xalapa, Ver.- Este jueves, con 35 votos a favor y 11 en contra; diputados suplentes y en completa complicidad con el titular del Poder Ejecutivo; el Congreso local de Veracruz aprobó el nombramiento de tres nuevos magistrados para el Tribunal Superior de Justicia del Estado, en las personas de Francisco Portilla Bonilla, Patricia Montelongo Guerrero y Lizbeth Hernández Ribbon.
Dicho acontecimiento constituye un nuevo golpe a la soberanía de las y los veracruzanos, así como una violación del Estado de Derecho, debido a los antecedentes y línea con la que llegan cada uno de los ahora integrantes del cuerpo colegiado en cuestión.
En el caso de Patricia Montelongo, existe una investigación ministerial (FESP-14/2014) en la Fiscalía Segunda Especializada en delitos relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, denunciada por el presunto delito de Incumplimiento del Deber Legal en el trámite del Juicio Ordinario Civil 178/2011.
Por su parte, Lizbeth Hernández Ribbon, no cuenta con credenciales comprobables de carrera judicial, necesarias para asumir el puesto por el que hoy tomó protesta en la sesión extraordinaria de la Legislatura, dando el inverosímil salto de actuaria a magistrada del Poder Judicial.
Y por último, Francisco Portilla Bonilla, quien desde su separación al cargo de Secretario General del Congreso del Estado, deambuló en una serie de ternas, propuesto por Javier Duarte, evidenciando la firme convicción del aún gobernador para utilizarlo como su “alfil protector” ante la inminente acción judicial en su contra. Incluso, ahora Portilla cuenta con altas posibilidades de convertirse en el sucesor de Alberto Sosa Hernández en la presidencia del Tribunal.
Dado lo anterior, el PRD Veracruz manifiesta su rechazo total por esta elección de personajes, cuya clara vinculación con el régimen que ha sumido en la miseria a Veracruz los convertía, desde antes, en sujetos no aptos para ostentar como magistrados y que hoy se ubican en la palestra de un corrompido Poder Judicial que se convierte, al igual que la mayoría priista en el Legislativo, en cómplice de las medidas que Javier Duarte de Ochoa pretende impulsar para ganar impunidad a su salida del Gobierno del Estado.
