La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Seguro Social, por negligencia médica en agravio de una mujer y su hijo, quienes fallecieron en el Hospital Rural 32 de Ocosingo, Chiapas.
En la recomedación 47/2016, la CNDH explicó que una mujer de 32 años de edad con un embarazo de 38 semanas fue sometida a una cesárea por residentes y un pasante de servicio social, sin la supervisión de un médico en ginecología y obstetricia de base.
Detalló que lo anterior ocurrió cuando la víctima acudió, en compañía de su esposo, a una cita médica en dicho hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el 10 de junio de 2013.
Indicó que el señor se retiró del lugar y minutos después recibió un mensaje de su esposa para avisarle que sería intervenida de urgencia por complicación en su estado de salud.
Sin embargo, al regresar al hospital, personal médico le notificó lo anterior y más tarde le dijo que ambos habían fallecido.
En el expediente CNDH/5/2013/5242/Q, el organismo autónomo advirtió que en la atención, cuatro médicos de base, siete médicos residentes y dos enfermeras generales omitieron monitorear oportunamente la presión arterial de la paciente y la frecuencia cardiaca del producto de la gestación.
Además, el personal no realizó una estrecha vigilancia del binomio materno-fetal y tampoco estableció un tratamiento para el embarazo de alto riesgo obstétrico que fue detectado en la paciente desde el control prenatal.
Al omitir controlar los factores de riesgo obstétrico de la víctima, indicó en un comunicado, los médicos incumplieron las normas oficiales mexicanas NOM-007-SSA2-1993 y NOM-004-SSA3-2012.
También señaló que los galenos cometieron diversas irregularidades al olvidar referir a la víctima a un hospital de tercer nivel de atención, establecer un diagnóstico temprano de preeclampsia severa e implementar un plan de manejo para la paciente, acorde con las guías en la materia.
Por tal motivo, la CNDH recomendó al Seguro Social reparar el daño ocasionado al esposo de la víctima, capacitar al personal médico en materia de derechos humanos y establecer protocolos que garanticen la supervisión de las actividades de elementos en proceso de formación.
Asimismo, se pidió inscribir a la pareja de la agraviada en el Registro Nacional de Víctimas para que tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que está previsto en la Ley General de Víctimas.
Además, colaborar en la integración de la indagatoria que se inicie con motivo de la denuncia de hechos que este organismo formule ante la Procuraduría General de la República (PGR), puntualizó.
Fuente: Notimex/ Foto:Archivo/ Diana Idali Tejeda
