El abogado, José Luis Pérez Medina, aseguró que la forma en que está estructurada la solicitud aprobada de licencia, de parte de Javier Duarte de Ochoa, le deja sin fuero y protección constitucional, al no existir voluntad de retomar el cargo antes de que termine su periodo de administración estatal.
Detalla que los delitos por los cuales se le acusa y que se gira orden de aprehensión, arrojan una sanción de mínimo, 30 años de cárcel, y en espera de cualquier otra responsabilidad que le resulte.
“Si nosotros tomamos en cuenta que la licencia que solicita el gobernador el día 12 de octubre, lo hace a partir de ese día, 12 de octubre y hasta el último día de su encargo, quiere decir que de inmediato, física y materialmente esta licencia se torna indefinida, o sea, el señor ya no tiene ni la más mínima voluntad de regresar a su encargo (...) y al ser definitiva, en mí concepto, y haciendo una adecuada interpretación de la letra de la Constitución, me parece que ya no goza de la protección constitucional, que ya no goza de fuero y que esa orden de aprehensión girada por el Juez, debería ser ejecutada en cualquier momento”, puntualiza.
