La Procuraduría General de la República (PGR) informó a un juez federal que no existe por ahora una orden de aprehensión de orden federal en contra de tres ex colaboradores de Javier Duarte, los cuales presentaron demandas de amparo contra posibles mandatos judiciales.
Se trata de Tomás José Ruiz González, ex secretario de Finanzas y Planeación de Veracruz; Gabriel Deantes Ramos, Secretario del Trabajo y José Francisco Díaz Valenzuela, actual titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación.
El Juez Segundo de Distrito de Xalapa, Alejandro Quijano Álvarez, negó la suspensión definitiva solicitada por los ex funcionarios en contra de una orden de captura, al no existir ningún mandato privativo de la libertad en su contra.
Desde julio, los quejosos presentaron sus demandas de garantías ante el órgano jurisdiccional, reclamando la protección de la justicia contra una eventual orden de localización y presentación, aprehensión o cualquier acto privativo de su libertad.
Quijano Álvarez les concedió la suspensión provisional e impuso a cada uno de ellos el pago de una garantía de 4 mil pesos, para que continuara vigente la medida de protección.
Tras recibir informes de juzgados y las diversas áreas de la PGR, informando que no había una orden de aprehensión contra los servidores públicos y ex funcionarios, el juez Quijano negó la suspensión definitiva.
Esta determinación fue notificada el fin de semana antepasado y no protege a los quejosos contra cualquier orden de aprehensión que haya podido ser solicitada a partir de la semana pasada, tampoco contra acusaciones del fuero común.
De hecho, la Fiscalía de Veracruz ejerció acción penal contra Gabriel Deantes, por el delito de enriquecimiento ilícito, y consiguió que un juez de juicio oral a nivel local ordenara el embargo de cuatro bienes registrados a su nombre, en una audiencia a la que asistió el acusado.
Los tres ex colaboradores de Duarte presentaron su amparo al mismo tiempo que Salvador Manzur Díaz y Carlos Aguirre, ex secretario y ex subsecretario de Finanzas de Veracruz, respectivamente. El juez resolverá en diciembre si concede la suspensión definitiva en estos dos casos.
