Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad permitió ubicar otras 45 empresas fantasmas que recibieron contratos por 623 millones de pesos del gobierno de Veracruz, que encabezó Javier Duarte de Ochoa.
Estas compañías se suman a las que en mayo del presente año reveló una investigación de Animal Político, que documentó que la administración del ahora exgobernador prófugo había otorgado 73 contratos a una red de 21 empresas fantasma, por un monto de 647 millones de pesos.
Con las nuevas empresas identificadas por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el monto asignado a firmas inexistentes por el gobierno veracruzano suma 1,270 millones de pesos.
En esta nueva lista de compañías fantasma hay 11 que servían como “comparsas” en las licitaciones: se inscribían para aparentar competencia, aunque los contratos los obtenían otras empresas a las que estaban ligadas.
Hay, además, 10 empresas que fueron boletinadas por el Servicio de Administración Tributaria porque se detectó que emitían facturas sin contar con instalaciones, infraestructura ni empleados.
También se localizó a otras 11 empresas que realizaron ventas fantasma por 204 millones de pesos; es decir, que no pudieron acreditar la entrega de la mercancía o servicios para el que fueron contratadas.
La red de empresas fantasma se extiende a otros seis estados. En la investigación se documentaron contratos del gobierno de Veracruz por 299 millones de pesos a 17 compañías, supuestamente basadas, mas no localizadas en Oaxaca, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Chiapas y la Ciudad de México.
Boletinadas por el SAT
En su edición del pasado 7 de noviembre, el Diario Oficial de la Federación publicó el listado de 20 empresas que se comprobó habían realizado “actos o contratos simulados” con el gobierno de Veracruz. Nueve días después, el SAT añadió al listado otra compañía fachada.
Esta lista del SAT corresponde a las 21 empresas fantasma que fueron reveladas en mayo por el portal Animal Político, y que en conjunto facturaron 647 millones de pesos.
Mexicanos contra la Corrupción localizó a otras diez proveedoras de Veracruz que el SAT boletinó entre octubre y diciembre como sospechosas de operaciones inexistentes.
Estas nuevas empresas presuntamente fantasmas son Comergut, Maedason Negocios, Infraestructura en Construcción, Importer Blanher, Abastecedora y Comercializadora de Productos de Veracruz, Comercializadora y Distribuidora López Lira, Trituradora y Asfaltadora Santa Margarita, Diseños Tevet, Trajan Construcciones y Grupo Diarch.
En estos casos, el SAT detectó que se habían emitido comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad para prestar servicios, producir o comercializar bienes, o bien dichos contribuyentes no fueron localizados, con lo que se presume se trata de empresas fachada, con operación inexistente.
Las primeras notificaciones a estas empresas las hizo el SAT desde el pasado 29 de agosto. El Código Fiscal de la Federación establece 20 días para que el presunto contribuyente fantasma aporte elementos de defensa, pero ese plazo ya venció.
En documentos obtenidos para esta investigación, se comprobó que esas diez empresas obtuvieron contratos del Gobierno de Duarte por 97 millones 100 mil pesos. Hay una empresa más (Comercializadora Monmar) que apareció en la lista de sospechosas del SAT desde enero de 2014 y que ha recibido contratos por 6.3 millones de pesos.
Comparten socios
En una revisión de actas constitutivas, se pudo constatar que Comergut SA de CV, boletinada por el SAT el 12 de octubre, tiene el mismo dueño que Importadora Denylk, que pertenece a la lista original de empresas fantasmas difundida por Animal Político. Román Ulises Alvarado Hernández es el socio común de ambas.
Las empresas fantasmas también comparten socios con otras 15 proveedoras del Gobierno veracruzano, comprobó Mexicanos contra la Corrupción en un cruce de información realizado en el Registro Público.
Estas 14 nuevas empresas, a su vez, están ligadas con otras 9.
Por ejemplo, Pefraco SA de CV —que pertenece a la lista original de empresas fantasma—, tiene como socio a Pablo González Lizardi, quien a su vez es dueño de Inmobiliaria Gomgo, Comercializadora Manduca y Comercializadora Aracon. En conjunto, las cuatro firmas obtuvieron contratos simulados por 151 millones de pesos.
Luciano Sánchez Díaz, socio de Ravsan Servicios Múltiples, también es accionista de Mextic Traffic y de Comercializadora Dagu, mientras que Juan Carlos Reyes León es dueño de Alifresh y de Comerprod. Juntos, estos dos supuestos empresarios obtuvieron contratos del gobierno veracruzano por 75 millones de pesos.
Empresas con domicilios en zonas humildes
Pese a su aparente prosperidad, la mayoría de los socios de estas empresas residen en zonas humildes de Veracruz y Xalapa. Por ejemplo, el dueño de Ravsan, Mextic Traffic y Dagu, tiene su domicilio en el lote 8 de la calle Olivo, de la colonia Miguel Alemán, en Boca del Río, mientras que el accionista de Alifresh y Comerprod vive en una deteriorada casa de la calle Atonalisco, en el fraccionamiento Los Torrentes, de Veracruz.
Yadira Becerra Arrieta, quien obtuvo 32 millones de pesos en contratos con las empresas Carrirey y Santrui, tiene su domicilio en una deteriorada casa en el fraccionamiento Lomas de Río Medio, en Veracruz, según se puede apreciar mediante la plataforma Street view de google.
En algunos casos, han improvisado el domicilio fiscal, como es el caso de Imporveles, que tiene su sede en una casucha de lámina en la calle Moralidad 612; Comercializadora Monmar y Profecorp SA de CV tienen su dirección en pequeñas viviendas de las colonias Río Medio y Amapolas.
Otras empresas tienen un domicilio fiscal no localizable. Es el caso de Comergut, que reporta ante las autoridades que su dirección está en Circuito 14 número 1001, en la colonia Geovillas Los Pinos II, pero la numeración llega hasta el 552. Importer Blanher SA de CV dio al SAT su dirección en Lucerna 97, aunque esa calle sólo llega hasta el 95.
Los contratos otorgados por el Gobierno de Duarte a estas empresas cubren una amplia variedad de servicios, como el suministro de papelería, botiquines, catres y bolsas para dormir, juguetes, regalos de Navidad, cuentos infantiles, despensas, sillas de ruedas, equipamiento de cocinas, enseres domésticos, kits de higiene bucal, bicicletas, instrumentos musicales, bastones, andaderas, triciclos, chamarras, máquinas de coser, balones de futbol y cobertores.
Proveedores foráneos
La red de supuestas empresas fantasma contratadas por el gobierno de Javier Duarte se extiende a por lo menos otros seis estados.
El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) del Estado de Veracruz detectó 10 empresas de Oaxaca, Hidalgo, Querétaro, Puebla y la Ciudad de México que no fueron localizadas en sus respectivos domicilios fiscales.
Esas empresas recibieron en 2015 contratos por 226 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz, para surtir miles de despensas, colchonetas, cobertores, láminas acanaladas y paquetes de piso y muros para reparar viviendas afectadas por desastres naturales.
Sin embargo, las empresas no presentaron documentación que compruebe la entrega de apoyos a los beneficiarios de programas sociales.
Por ejemplo, Adso de México, que tiene su domicilio en el humilde barrio de la Soledad, en San Pablo Huixtepec, Oaxaca, no comprobó la entrega de 5,454 paquetes de piso y 1,728 paquetes de muro.
Santy Desarrolladora y Acabados, que reportó su domicilio en una casa de interés social en Hidalgo, tampoco acreditó el reparto de 68 mil despensas y 61 mil láminas.
A esta red de proveedores foráneos se suman otras seis compañías ‘fantasma’ de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que según el periódico Eje Central, recibieron contratos por 64 millones de pesos más por falsos servicios publicitarios en el gobierno de Duarte Ochoa.
Los auditores del ORFIS también detectaron cobros por 204 millones de pesos, por ventas inexistentes realizadas por otras 11 empresas.
Estas empresas sí fueron localizadas en su domicilio fiscal, pero no acreditaron el cumplimiento de los contratos.
En una visita que los auditores hicieron a 11 municipios veracruzanos, los supuestos beneficiarios manifestaron no haber recibido ningún apoyo en 2015. Esta irregularidad involucró a tres empresas: Comercializadora Calidadtel, que debió entregar 211 mil cobertores; Comercializadora Jiménez Alamillo 33:3 y Corporativo Administrativo Piraya con 53 mil despensas.
Entre las incumplidas hay siete empresas de Puebla que recibieron contratos por 184 millones de pesos.
