El gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, anunció que en breve presentará una iniciativa de Ley contra la Corrupción, a fin de acotar la actuación de los servidores públicos y evitar que ocurran malos manejos de los recursos, tal como ocurrió en la pasada administración.
Dijo que dicho proyecto iría en concordancia con el modelo aprobado por los Institutos Mexicanos de la Transparencia (IMT) y de la Competitividad (IMCO).
“Estamos analizando y adecuando a la realidad de Veracruz este modelo de ley que será presentado durante este periodo de sesiones”, adelantó el titular.
Al comparecer ante los diputados de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado para dialogar sobre el presupuesto de egresos del año 2017, expuso que los ex funcionarios ocupaban aeronaves propiedad del Gobierno Estatal para servicios personales, incluso para ir a partidos de fútbol de Xalapa al Puerto de Veracruz, aterrizando sobre la cancha del estadio “Luis Pirata Fuentes”.
“Aeronaves del estado para el viaje al extranjero, para viajes de placer, cosa que era frecuente. El gasto de servicios aéreos era estratosférico”, destacó Yunes Linares.
Asimismo indicó que salvo dos helicópteros de la Fuerza Civil, las demás unidades aéreas están en mal estado o varadas y otras más están retenidas en el aeropuerto de Toluca por millonarias deudas por el uso de hangares y en Estados Unidos porque no se pagó el mantenimiento y en este momento no es posible pagarlas. “La Dirección de Aeronáutica debe casi 300 millones de pesos”, enfatizó.
“Hemos decidido definir un procedimiento estricto de uso de aeronaves del sector público, mismas que se destinarán sólo a actividades sustantivas, sólo al servicio de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de la Secretaría de Protección Civil (SPC) y de otros funcionarios cuando se justifique plenamente el uso de una aeronave privada”, mencionó.
Miguel Ángel Yunes Linares expuso que en la Oficina del Gobernador cobraban 356 personas, cuando en el espacio no pueden ni permanecer más de 20, de allí que a su llegada fueron liquidadas al comprobarse que cobraban sin desempeñar ninguna función. Lo mismo, acotó, ocurrió en la Secretaría de Gobierno.
