Xalapa, Ver.- Un juez local de Veracruz giró una nueva orden de aprehensión en contra de Javier Duarte, ahora por su presunta participación en una operación fraudulenta a través de la cual desapareció 2,300 millones de pesos destinados a programas sociales del Seguro Popular.
Se trata de una de las dos órdenes de aprehensión que la Fiscalía de Justicia de Veracruz (FJV) obtuvo de jueces locales; ambas se suman a las que la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo en contra de Duarte por desvío de recursos y delitos electorales.
De acuerdo con autoridades que tienen conocimiento del caso, el uso ilegal de recursos del Seguro Popular por el cual se consignó a Duarte forma parte del mismo expediente por el que ya está encarcelado y bajo proceso el exsecretario de Finanzas de Veracruz, Mauricio Audirac, y por el cual también se procedió en contra del diputado federal Antonio Tarek, quien enfrenta un proceso de desafuero.
Los investigadores de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la FJV documentaron que en 2014 altos funcionarios del gobierno de Duarte ordenaron –desde la Secretaría de Finanzas– un desvío sistemático de recursos que se encontraban en cuentas del Seguro Popular para transferirlo en una cuenta bancaria concentradora.
De estas transferencias existen evidencias. La Fiscalía tiene diversos oficios girados entre noviembre y diciembre de 2014 en los cuales el entonces secretario de Finanzas, Mauricio Audirac, ordenó al Director General de Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Veracruz, Leonel Bustos, los traspasos.“Los recursos se traspasaron a una cuenta del banco Banorte a nombre del gobierno del estado de Veracruz cuando originalmente se debieron ejercer en programas sociales como los de la estrategia Seguro Popular”, indica la indagatoria de la Fiscalía.
Todos esos movimientos fueron del conocimiento de Javier Duarte, como los documentos lo señalan. Animal Político tiene copia de varios de ellos. La Fiscalía concluye que el exgobernador es quien habría ordenado toda esta operación a sus subordinados, pues resulta poco probable que actuaran por su cuenta.
Desde 2011 fue el propio Javier Duarte quien, a través del Decreto 289, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 19 de diciembre de ese año, autorizó a la Secretaria de Finanzas a tomar recursos de partidas estatales y federales etiquetadas y dirigirlo a rubros distintos.
En este contexto, la Fiscalía acusó ante un juez de ser probable responsable de los delitos de coalición, incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad, tráfico de influencias y peculado.
