Quienes quieren el juicio de prescripción positiva para regularizar dan muestras de división
Facundo Bartolo Salazar
Complicada se prevé la situación para los 37 colonos del fraccionamiento Los Olivos, quienes firmaron el juicio de prescripción positiva con el fin de lograr ser dueños de las viviendas que tienen en posesión desde el año 2000, pues ha trascendido que cometieron ciertas irregularidades en su afán de justificar la legítima posesión de tales viviendas, por lo que podría darse un juicio penal, independientemente del civil que ya casi concluye, razón por la cual buscaron el cobijo y protección de diputados locales como Fidel Robles Guadarrama.
El juicio que podrían enfrentar los colonos, sin opción a negociación alguna, tiene que ver con el hecho de que a partir del año 2012 una empresa adquirió la deuda bancaria, destinada en origen a la construcción de las 300 casas de Los Olivos, apersonándose ante los tribunales locales y estatales, primero para contrarrestar el referido juicio de “prescripción positiva”, y después para iniciar la recontratación de crédito por parte de cada uno de esos colonos, para la posesión legal de las casas que ya ocupan.
De no acceder a esa opción, la citada empresa particular tendría el derecho de desalojo de tal bien inmueble, en virtud de que nadie de los posesionarios de las viviendas en cuestión tiene en sus manos un documento que lo acredite en términos de ley como legítimo derechoso de la vivienda que tiene en posesión.
Asimismo, es necesario destacar que en un espectáculo nada edificante para su causa, los 37 colonos de Los Olivos, demandantes de la prescripción positiva a favor de igual cantidad de casas que ocupan, dieron muestra de la división interna, al señalar una mujer a otra de traidora a esa lucha; en tanto, la agraviada dejó entrever dudoso manejo del dinero invertido.
Para el caso se informó que esos 37 colonos, vía financiamiento del Fondo para la Vivienda de Trabajadores al Servicio del Estado (FOVISSSTE), aportaron a partir del año 1995, 9 mil pesos como enganche de una casa, equivalente al 10 por ciento de la deuda contratada.
Pero al ser detenida la construcción de esas 300 viviendas, todo quedó en suspenso, hasta que en el año 2001 integrantes de la entonces Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), determinaron posesionarse de las restantes 263 casas que ya habían sido desmanteladas por ladrones comunes, quienes retiraron puertas, ventanales e instalación eléctrica y de fontanería.
Los integrantes de la CNOP, se presume, dieron “una lana” a alguien, iniciando con 5 mil pesos y fue creciendo la cuota en la medida que la demanda de las viviendas aumentaba, para gastos de “la comisión”, agregándose gestiones como la reinstalación de la red eléctrica y finalmente el abasto de agua, en tanto cada quien modificó la vivienda ocupada como quiso y pudo, construyendo claramente en propiedad ajena.
