Rocío Ramírez.- Propietarios de diversos Centros de Verificación Vehicular del municipio y del estado de Veracruz, se encuentran en desacuerdo ante la Ley Estatal del Medio Ambiente, la cual aseguran que desplaza su trabajo, carece de sustento legal y pone en riesgo el patrimonio de muchas familias y afecta a los usuarios.
Ante la nueva reforma, en cuanto a la ley estatal de protección al ambiente que se aprobó en el congreso del estado el pasado 15 de julio, encargados de centros de verificación explican los cambios.
Los 220 propietarios de Centros de Verificación Vehicular, que funcionan actualmente desde 1991, deben invertir 11 millones de pesos cada uno, para modernizar sus equipos e instalaciones como lo exige la nueva Ley Ambiental, cantidad que queda fuera del alcance de sus bolsillos.
"Es una nueva disposición que no tiene un fundamento legal, porque nuestros centros de verificación cumplen específicamente con las normas oficiales mexicanas, situación que nos afecta a las familias que dependemos directamente del Programa de Verificación Vehicular", citaron.
No solo en el municipio, sino también en todo el estado reprueban la Ley Estatal del Medio Ambiente, asegurando que también va afectar a los usuarios veracruzanos con altas multas en caso de atrasarse, aparte de que la ley propicia el incremento al costo de la verificación vehicular, que se elevará de tres a cinco salarios mínimos.
“Con la nueva Ley del Medio Ambiente Estatal, todos aquellos automovilistas incumplidos en llevar a verificar su unidad, serán sometidos a pagar una multa de 20 a 60 salarios mínimos”, dijeron.
Para los propietarios de los vehículos, cambiaran los costos de la verificación vehicular, ya que aumentará hasta en un 66% en el costo de la verificación, según los entrevistados.
“Actualmente tiene un costo de 191.31 pesos, y se incrementará en un costo de 318.85 pesos”, explicó encargada de verificación.
Opinó que el sustituir los actuales centros de verificación vehicular por verificentros solo incrementará las multas y sanciones, lo cual afectará el bolsillo de los automovilistas.
En cuanto a las multas, explicó que para quien no verifique satisfactoriamente y a tiempo, sube de 510 pesos para costar 3 mil 826 pesos, lo cual es muy elevado.
Por las razones anteriormente mencionadas los concesionarios de los centros autorizados, no están de acuerdo con las reformas a la Ley estatal de Protección Ambiental, al Código Financiero y la Ley de Tránsito, por lo que piden sea vetada por el Gobernador y no entre en vigor.
“Esperamos que reconsideren la iniciativa de la ley, también sugerimos a los automovilistas que se informen y que se cercioren de los costos elevados que se tendrán ante dicha ley”, citó.