* Sobre todo para el 60 y Más, y de discapacitados, pues generalmente resulta complicado para cualquiera
Facundo Bartolo Salazar
Faltan más facilidades para acceder a programas sociales, sobre todo para el 60 y Más, y de discapacitados, pues generalmente resulta complicado para cualquiera obtener certificados médicos ante funcionarios del sector salud, mismos que, de existir datos para comprobar problemas de salud permanentes que son discapacitados, tendrían la obligación de orientar al público para tramitar el documento que así lo compruebe, en lugar de ocasionar retardos y dificultar aún más la gestión de la pensión correspondiente, señalo Braulio Martínez Carmona, presidente de la asociación civil Sembremos Juntos una Vida Mejor.
Reconoció que “para el programa de adultos mayores ya es bien sabido que en no pocas ocasiones ellos acuden a realizar sus solicitudes con todos los documentos requeridos, y desafortunadamente se ven obligados a esperar hasta años para recibir el beneficio, y para colmo, ya no reciben pagos retroactivos, desde la fecha en que hacen sus solicitudes, sino a partir de que reciben sus tarjetas”. Insistió en que desafortunadamente, esas deficiencias de los programas, u omisiones de parte del personal de la Secretaría del Bienestar perjudica sectores muy sensibles de la población como el de adultos mayores y discapacitados, por lo que las autoridades superiores de la dependencia deberían tomar cartas en el asunto.
Martínez Carmona manifestó que lo peor de esta situación es que tanto adultos mayores, como discapacitados tienen limitaciones físicas muy obvias, y en muchos casos sus familiares también carecen de tiempo o de conocimientos suficientes para acompañar a esas personas en todo el proceso de gestión, hasta que les llegue el ansiado apoyo. Dijo que, definitivamente, eso complica gravemente los trámites y en muchas ocasiones la espera es interminable, lo mismo que las vueltas a las oficinas del Bienestar.
Considero que es necesario hacer un llamado a la dependencia, con la finalidad de que revise sus procesos y también la actuación del personal, del cual se dice, deja mucho que desear, salvo honrosas excepciones, y el objetivo final debería ser que los derechohabientes sean atendidos de la mejor manera, siempre y cuando demuestren que tienen derecho a algún programa.