* Tal como lo marca la reforma propuesta por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo
Facundo Bartolo Salazar
Martínez de la Torre, Ver. - Los cargos públicos no deben ser heredados a familiares, tal como lo marca la reforma propuesta por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de acuerdo con la cual se busca prohibir esa práctica, así como también el llamado “chapulineo” o saltar de un cargo a otro, sin haber concluido el anterior, manifestó Rafael Tolentino Calderón, experto en materia electoral y politólogo.
Destacó que “tenemos plena confianza de que los legisladores cumplirán con el pueblo de México y llevaran adelante esa reforma que propone la presidenta de la república, para que de una vez por todas se evite que desde los niveles más bajos del gobierno la mayoría de los funcionarios buscan dejar en su lugar a esposas, esposos, hijos o hijas, y demás familiares, rotándose los cargos solamente entre ellos”. Sostuvo que todo ello se debe acabar, al igual que la reelección, misma que en los últimos años se ha vuelto a retomar, después de que en la Revolución Mexicana costo muchas vidas ese lema de “Sufragio Efectivo, No Reelección.
Tolentino Calderón expuso que, desde ese entonces, históricamente no se contempla la reelección en México, pues Francisco I. Madero así lo promulgo, conjuntamente con otros héroes revolucionarios. Mencionó que, no obstante, con las modificaciones a las leyes realizadas en gobiernos anteriores, se dio paso nuevamente a esa figura, la cual definitivamente es un obstáculo para que más personas con capacidad puedan participar en las contiendas electorales en sus diferentes niveles, pues las personas que se reeligen solamente buscan el poder político y económico.
Opinó que la no reelección debe aplicar para todos los cargos públicos de elección popular, desde regidores hasta gobernadores. Añadió que ojalá en una reforma posterior sea contemplada también la eliminación de las millonarias prerrogativas a los partidos políticos, no solo del gobierno federal, sino también de los gobiernos estatales, constituyendo ello graves lesiones al erario público.
