-Unos 37 posesionarios en riesgo de ser desalojados tras perder el litigio, son casi 300 los demandados
-El conflicto lleva casi dos décadas, ayer se dio el primer intento de desalojo
Por Miguel Bautista
Tras varios años de litigio entre posesionarios del Fraccionamiento Los Olivos y una empresa constructora denominada “Diseño de Investigaciones Linkser S.A. de C.V.” que reclama el pago de viviendas y propiedades, se ha un juez ha liberado órdenes de desalojo contra familias de ese sector, como el intento que se dio este jueves 23 de mayo en dos de estas viviendas.
Y es que el pleito legal por la posesión del predio donde se encuentra asentado el Fraccionamiento Los Olivos, se encuentra bajo litigio desde hace casi dos décadas, siendo hace algunas semanas cuando un Juez liberó por lo menos 37 órdenes de desalojo contra igual número de familia quienes perdieron el litigio con la parte demandante.
Ayer por la mañana, personal de Juzgado Cuarto de Primera Instancia con sede en Martínez de la Torre, acompañados por patrullas de la Fuerza Civil y Secretaría de Seguridad Pública, intentaron desalojar a las primeras dos familias, no obstante esto fue impedido por colonos y todo quedó en un intento.
Más tarde los colonos dijeron a los medios de comunicación que la empresa que reclama las propiedades está utilizando todo tipo de “artimañas” para despojarlos de sus patrimonios, pues ellos ni siquiera cumplen con los lineamientos básicos para comprobar la posesión de las casas ahí construidas.
"No cumplen y no nos pueden vender, si ellos tienen toda la legalidad, por qué no se han presentado, afectando a unos 300 posesionarios y calculamos que unas 1800 personas", dijeron los inconformes quienes realizaron una manifestación pacífica en la que reclamaron también la forma de actuar de los funcionarios del juzgado.
Aseguran que ellos cuentan con diversos contratos ante dependencias para avalar su propiedad, pues afirman que jamás han tenido una reunión de carácter informativo o negociadora con la empresa. Afirman que no se niegan a liquidar sus casas, siempre y cuando haya un precio justo y certeza jurídica, además de facilidades para realizar esta acción.
Pidieron a las autoridades estatales y federales su intervención, a fin de que se investigue el proceso de escrituración que hizo la empresa, entre otras muchas irregularidades. Cabe mencionar que este litigio lleva casi 20 años, tiempo en el cual tanto los demandantes y habitantes han sostenido diversos encuentros sin llegar a acuerdos.
