Jorge Parra
Peligrosa y penosa la situación a la que ha orillado la actuación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz al gobernador Javier duarte de Ochoa, después de incumplir con el mandato judicial de un juzgado federal que ha ordenado a la Seguridad Pública auxiliar con el lanzamiento de los invasores del predio San José La Palma, perteneciente a este municipio.
Luego de que el propietario y representante de los dueños de las hectáreas invadidas en el predio San José La Palma, Pablo Aguilar Loyos, en el año 2000 iniciara un juicio civil bajo el número 254/2000-II en el Juzgado Primero de Primera instancia de esta ciudad para recuperar sus tierras, y que el resultado de esta disputa fuera una sentencia firme a su favor por haber acreditado la propiedad de sus tierras, y ante la inejecución de la sentencia se promoviera un amparo ante un juez federal para obligar al juez local a que ejecutara el lanzamiento, quienes se ven inmiscuidos ahora son: el Gobernador del Estado, el secretario de Seguridad Pública, el delegado de Seguridad Pública de la Quinta región y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Y es que ha habido nueve intentos de desalojo, en todos el juez local ha pedido el apoyo de Seguridad Pública del Estado para el lanzamiento pero jamás ha sido suficiente, hecho que desde 2012, cuando se promovió el amparo 181/2012 ante el juez federal segundo de distrito en el estado de Veracruz, ante la situación de imposibilidad del lanzamiento Pablo Aguilar Loyos se amparó ante la no ejecución del lanzamiento, diciéndole al juez federal que el Juez local no ha podido realizar el lanzamiento ante la falta de apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, de esto han sido por lo menos avisado de forma certificada en cuatro ocasiones el juez federal, que concedió el amparo y ordenó al juez local de Misantla a que realizara el lanzamiento y después de no realizarlo está incumpliendo con la sentencia de amparo.
Luego del incumplimiento de amparo por parte del juez local, quien a su vez ha informado al juez federal que no puede ejecutar el lanzamiento por no contar con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y ha certificado en cada intento de lanzamiento que solo vienen a la diligencia 50, o 80 e incluso solamente se han presentado 10 policías al lanzamiento, cuando el propio juez local le ha solicitado a Seguridad Pública que envíe por lo menos 250 elementos, grúas, helicópteros, policía montada y demás.
Ante esta situación el pasado 11 de diciembre de 2014 y ante la próxima fecha de lanzamiento que será el próximo 27 de enero, dentro del amparo y ante las reiteradas ocasiones fallidas de incumplimiento de la sentencia del juicio 254/200 del juzgado segundo de Primera Instancia, el juez federal que ampara a Pablo Aguilar Loyos en el juicio 181/2014 emitió un acuerdo donde textualmente dice:
“Requiérase al citado Secretario de Seguridad Pública del Estado, así como al Delegado de la Policía Estatal de la V región-Zona Norte con sede en Martínez de la Torre Veracruz (como autoridad vinculada) para que en el día y hora que se fijó para llevar a cabo la diligencia de lanzamiento a que se hace referencia, sean proporcionados los elementos de seguridad pública a su mando, las patrullas oficiales y demás apoyo solicitado por el juez responsable, de acuerdo a sus facultades a fin de garantizar la diligencia de que se trata… de igual forma requiérase al Tribunal Superior de Justicia del estado… comuníquese al Gobernador del Estado y Tribunal Superior de Justicia del Estado ambos con sede en esta ciudad, que el carácter de superior jerárquico de las responsables, en términos del artículo 105 de la Ley de Amparo, las obliga a atender el requerimiento de dictar las providencias necesarias, a fin de que las responsables cumplan con la ejecutoria de Amparo”.
El juez federal utiliza una tesis jurisprudencial para afianzar su razonamiento en el asunto y en ella dice textualmente: “el requerimiento de que se trata tiene el efecto de vincular a tal grado al superior que si la sentencia no se cumple, también procederá aplicar a este la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución y 150 y 107 de la Ley de Amparo, a saber, separarlo de su cargo y consignarlo ante el juez de distrito”.
Lo anterior se dio a conocer la tarde de ayer en una rueda de prensa ofrecida por Pablo Aguilar Loyos y Carlos Gabriel Sánchez Ortiz abogado del propietario y representante del Predio San José La Palma, quienes dieron a conocer la delicada situación en la que se encuentra el mandatario.
