Seguridad Pública del Estado, no garantizó la seguridad y fuerza pública para el lanzamiento
Todo se canceló en las instalaciones del juzgado civil de esta ciudad
Jorge Parra
Un intento fallido el intentar desalojar a las más de 80 familias invasoras del predio San José, mejor conocido como La Palma, perteneciente a este municipio, se gestó la mañana de ayer, esto luego de que la Secretaría de Seguridad Pública no garantizara la seguridad del desalojo y solo se presentara con 20 elementos de la Policía Estatal, cuando por lo menos se necesitaban 150 uniformados.
Tan solo en el pasado intento de desalojo en marzo de 2013, acudieron por lo menos 50 policías del estado, hecho que resultó insuficiente y un año después se enviaron solamente 20 policías, hecho que a todas luces resultó inútil para llevar a cabo el desalojo de cerca de 80 hectáreas de terreno, propiedad del señor Pablo Aguilar Loyo y otros.
Pese a que los interesados, en este caso, los propietarios del predio afectado hace más de 20 años, tomaron las medidas de precaución necesarias para llevar a cabo el lanzamiento, como son la renta de camiones, cargadores y demás situaciones para garantizar el resguardo de los objetos a desalojar, fue Seguridad Pública, quien no cumplió con lo ordenado por el juez segundo del distrito federal, de prever de la fuerza pública, para el lanzamiento.
En punto de las seis de la mañana de ayer, en las instalaciones del juzgado segundo de Primera Instancia de esta ciudad, se apersonaron los dueños del predio San José, así como los actuarios del mencionado tribunal, para dirigirse al lugar del desalojo, sin embargo, Seguridad Pública, solamente presentó 20 elementos, situación que fue certificada por la actuaria de que el desalojo no se llevó a cabo por motivo de que no se presentó la seguridad pública requerida.
Por su parte, funcionarios de la delegación Seguridad Pública en el estado, de esta región, se apersonaron en el juzgado civil de la ciudad para no caer en rebeldía, sin embargo sabían que solo llegaban al mandato judicial federal con 20 elementos, los cuales firmaron el acta circunstanciada y dieron fe de que solamente se trataba de veinte informados, certificación que más tarde será enviada al juez federal para ponerle de conocimiento que no se dieron las condiciones del lanzamiento, debido a la falta de fuerza pública.
Por su parte, el abogado de los propietarios del predio, el licenciado Carlos Gabriel Sánchez Ortiz sostuvo que se llevarán a cabo las promociones necesarias para pedir de nueva cuenta el lanzamiento, pero queda de manifiesto ante el juez federal que el desalojo que se llevaría a cabo ayer, pero no se realizó debido a que no se presentó la fuerza pública.
Cabe hacer mención que después de que se cancelara el desalojo en las instalaciones del juzgado segundo de primera instancia civil de esta ciudad, se tuvo conocimiento de que en la comunidad que iba a ser desalojada, los pobladores ya habían cerrado el camino y estaban esperando a quienes iban a realizar el lanzamiento, situación que sin duda podría haber generado un acto de violencia de altas repercusiones.
