- Aunque estudios muestran que la violencia va a la baja a nivel nacional, él insiste en lo contrario y despliega efectivos... en las zonas demócratas
EL UNIVERSAL
Miami. Donald Trump firmó el lunes la orden para el envío de la Guardia Nacional a Memphis, Tennessee, que se suma así a Washington DC en tener elementos de esta fuerza para frenar lo que el presidente estadounidense llama “ola imparable” de violencia e inseguridad. Según él, la situación del crimen nunca había estado peor en Estados Unidos. La realidad dice otra cosa.
En números fríos, la situación real de la violencia no política en Estados Unidos va a la baja. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) reportó que en 2024 los delitos violentos cayeron 4.5% frente a 2023; los homicidios bajaron cerca de 15% y también disminuyeron robo, violación y asalto agravado.
Esa tendencia siguió en la primera mitad de 2025 en 42 ciudades, según la medición del Council on Criminal Justice: homicidio, asaltos con arma y robos siguieron descendiendo respecto de 2024 y, en promedio, están por debajo de 2019 (antes de la pandemia), aunque no todas las urbes han regresado aún a niveles pre 2020: Las ciudades con los problemas más graves de violencia son: St. Louis, considerada la ciudad más peligrosa de Estados Unidos, Detroit, Baltimore, Memphis y Kansas City. Pero en términos generales, la violencia va a la baja.
“El uso de la Guardia Nacional que ordenó Donald Trump en la capital -Washington DC- encaja más como una respuesta política y jurídica de alto impacto que como una solución probada contra el delito”, dice a EL UNIVERSAL el politólogo Pablo Salas. El 11 de agosto, la Casa Blanca declaró una “emergencia por crimen” en Washington DC y dos semanas después dictó “medidas adicionales” que incluyeron instrucciones para coordinar a policías locales y fuerzas federales bajo autoridad del fiscal general; el propio Departamento de Justicia (DoJ) emitió una orden para que el jefe de la Administración de Control de Drogas (DEA) fungiera como enlace y pudiera requerir servicios de la policía metropolitana durante la emergencia.
Al agotarse los 30 días, el control federal cesó y la alcaldesa recuperó el mando del cuerpo policial, aunque la Guardia y agentes federales continúan presentes. Todo esto se dio pese a que DC venía de cerrar 2024 con el nivel de delito violento más bajo en 30 años.
¿Funcionó? Por ahora, “todo lo que hemos visto apunta a que la operación se usó más para fines migratorios que para reducir delitos violentos en la capital que ya iban a la baja antes de la llegada de los soldados” subraya Salas.
Esto mismo confirma un análisis de Associated Press, según la cual más de 40% de los arrestos durante el “súper operativo” en la capital estadounidense fueron por asuntos migratorios y menos de una cuarta parte de esas personas tenía antecedentes penales, en una ciudad que muestra descensos fuertes de violencia desde 2024.
REALIDAD VS PERCEPCIÓN E INSEGURIDAD
Ahora bien, en la percepción pública, el “clima” de inseguridad sigue alto pese a que los delitos bajan. A escala nacional, dos tercios de los adultos dicen que el crimen es un problema importante que se debe atender; 67% de encuestados por el Pew Research Center califica la delincuencia en las grandes ciudades como “un gran problema”.
El sesgo partidista es muy marcado. En la medición anual 2024 de Gallup, 64% de los estadounidenses dijo en 2024 que había “más crimen” que un año antes; de estos, entre republicanos esa cifra fue 90% frente a un 29% de demócratas. También difiere la gravedad percibida: 78% de los republicanos describió el problema como “extremadamente o muy serio”, contra 35% de los demócratas.
Sobre el uso de la Guardia Nacional, el público está dividido y, de nuevo, la grieta partidista manda. Un sondeo del Associated Press–NORC Center for Public Affairs Research (AP-NORC) de agosto pasado encontró que 55% ve aceptable que militares y Guardia apoyen a la policía local en grandes ciudades, pero solo un tercio respalda que el gobierno federal tome el control de los departamentos de policía; cerca de 8 de cada 10 republicanos avalan el apoyo militar, mientras que los demócratas se oponen. Otro estudio de YouGov/Economist mostró que, ante la pregunta de si apoyarían que Trump enviara tropas federales a “su propia ciudad”, 39% apoyó y 52% se opuso. Entre republicanos el apoyo llegó a 77%, entre demócratas solo 9%. Un sondeo de Reuters/Ipsos nacional halló un cuadro similar: 32% de apoyo general a desplegar tropas en ciudades, pero el 62% fue entre republicanos.
La forma en que la gente se informa influye en el miedo que sienten; Pew Research Center documenta que el consumo frecuente de noticias locales sobre crimen está asociado con mayor preocupación personal y que la televisión local amplifica ese efecto. Esa dieta informativa ayuda a explicar por qué persiste la sensación de crisis incluso cuando las cifras oficiales mejoran.
Finalmente, la lente migratoria pesa más en la base republicana: 73% de los republicanos afirma que los inmigrantes aumentan el delito en sus comunidades contra el 17% de demócratas, lo que vuelve más populares a los estados republicanos las respuestas “de mano dura”, incluidos despliegues y cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), aun cuando la evidencia sobre crimen y migración sea débil.
REPUBLICANOS, LOS ESTADOS MÁS VIOLENTOS
Por tasas recientes y comparables, de acuerdo con datos oficiales en Estados Unidos, los focos altos de crimen violento se ubican mayoritariamente en estados republicanos, aunque también hay algunos demócratas: Nuevo México (demócrata), Alaska (republicano), Tennessee (republicano), Arkansas (republicano) y Louisiana (republicano); los picos de homicidio se ubican en Mississippi (republicano), Louisiana (republicano), Alabama (republicano), Nuevo México (demócrata) y Tennessee (republicano).
En contraste con esta realidad, las ciudades adonde Trump decidió enviar a la Guardia Nacional son Los Ángeles, California (demócrata), para frenar las protestas contra las redadas, y a Washington DC (demócrata), donde además de desplegar a la Guardia Nacional para combatir el crimen colocó a la policía local bajo mando federal temporal. Ahora hará lo propio en Memphis, donde el alcalde también es demócrata, aunque el gobierno estatal está en manos republicanas.
A decir de Salas, los casos de Los Ángeles y de DC dejan claro que las acciones de Trump no están enfocadas en la violencia, sino en la política. “Ambos escenarios ofrecieron un alto rendimiento simbólico a favor de Trump y terminaron de fijar el encuadre nacional del presidente”, explica.
DESAFÍOS LEGALES
Fuera de Washington, la expansión de tropas enfrenta límites políticos y legales. En Chicago, hasta el 12 de septiembre no había orden de desplegar a la Guardia Nacional “y ahora sabemos que eso no sucederá, al menos por el momento” dice Salas; pero sí hubo un anuncio federal de un “endurecimiento” de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Illinois, donde autoridades estatales y locales dicen no debe confundirse con una crisis de seguridad que amerite militares. Al mismo tiempo, Trump firmó una orden para crear una “fuerza de reacción rápida” de la Guardia Nacional a nivel nacional, lo que ha dividido a gobernadores y ya detonó litigios.
Sobre estas acciones, el parte más importante vino de California, al confirmarse que el 2 de septiembre un juez federal determinó que el uso de tropas, Guardia Nacional federalizada y Marines, para labores de orden público en Los Ángeles violó la Ley Posse Comitatus, que restringe el empleo de militares en funciones policiales. Esa orden quedó temporalmente en pausa por un tribunal de apelaciones mientras se revisa el caso, pero marca la pauta de qué tan lejos puede llegar la Casa Blanca fuera de Washington DC. “Hay que tomar nota que solo ante un amparo de la Ley de Insurrección o el consentimiento de los gobernadores un presidente -en Estados Unidos- puede federalizar a la Guardia Nacional o a miembros de las fuerzas armadas, como lo hizo” señala Salas.
Más allá de los juzgados, la pregunta de fondo es de eficacia. Estudios varios, como los de National Academies of Sciences en Estados Unidos muestran que militarizar la seguridad pública no reduce el delito; otro estudio de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) halló que tácticas militarizadas no mejoran la seguridad de policías ni disminuyen el crimen y, en cambio, erosionan la reputación de las fuerzas del orden.
Centros de análisis en seguridad, incluido el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), han subrayado que la Guardia Nacional estadounidense no está entrenada para labores policiales cotidianas y que su presencia puede agravar la tensión en los vecindarios, afectar tasas de esclarecimiento de homicidios y, a la postre, minar el control del crimen.
Lo que sí tiene base son enfoques de una policía local fortalecida y prevención específica; es decir, vigilancia de puntos calientes con controles de legalidad, estrategias de disuasión focalizada para violencia armada, equipos de investigación que eleven la tasa de casos resueltos y programas civiles de intervención comunitaria. El reporte de la Academia Nacional de Ciencias sobre “policía proactiva” y metaanálisis recientes encuentran impactos modestos pero reales cuando estas tácticas se aplican con cuidado y con legitimidad frente a la comunidad. Lo que indica que, si hay más investigadores y fiscales resolviendo casos, habrá menos soldados patrullando calles.
“Si la pregunta es si la Guardia Nacional es la solución contra el crimen urbano o, incluso, la migración, la respuesta, con los datos en la mano, es no”, asegura Salas. Eventualmente, señala, “puede ayudar en funciones discretas como proteger infraestructura o logística en emergencias pero como estrategia general de seguridad urbana es costosa, jurídicamente frágil y sobre todo, no demuestra reducir el delito urbano”.
