Álvaro Guerrero
Aún se encuentra en diálogo la Contraloría Social creada por la controversia del gasoducto con la empresa Gas Natural Industrial (GNI) para que esta obra sea reubicada sobre los campos de cultivo de los ejidatarios de la región de San Rafael, por lo cual ha surgido una buena respuesta por parte de los ejidatarios, ellos estarán dispuestos a dar parte de su tierra, para que no vayan a perjudicar a la ciudadanía de las comunidades con el trazo que tenían proyectado, aseguró el integrante de la contraloría Sergio Meza Dupont.
Los dueños de los campos agrícolas aún mantienen la duda de por dónde va a pasar la instalación del gasoducto, debido a que aún no han hecho un estudio topográfico con la seguridad de las hectáreas que van a ocupar para meter la tubería necesaria y llegar a su destino final, el gasoducto.
Al realizarse el estudio topográfico, se determinará qué lugares se utilizarán para la conexión de la tubería, pues al darse el caso de que a la empresa le sea factible para evitar riegos en su operación del gasoducto, podría darse el caso que la misma empresa se ahorre la distancia que se pretendía llevar a un costado de la carretera.
Indicó que la última plática que sostuvieron los integrantes de la controlaría y el personal de GNI fue hace más de 15 días, comentó que en la reunión que sostuvieron llegaron al acuerdo de siempre mantener el diálogo y no llegar a la violencia, como se ha visto en otros lugares, aseguró.
A pesar que la empresa mantiene la esperanza de que sea instalada a orilla de la carretera federal, los habitantes persistirán porque se no lleve a cabo la construcción del gasoducto por esta vía, pues nuevamente comentaron que prefieren prevenir un accidente a que después vayan a lamentar una tragedia.
La empresa insiste que las normas de seguridad que tendrá el gasoducto en la región son las óptimas para los habitantes, pues les prometieron que tendrá más profundidad que la que se tiene ahora, indicaron los habitantes que la constructora lo viene realizando a un metro y medio, a pesar de que sea a mayor profundidad no garantiza que tenga una seguridad óptima.
Señalaron que les prometen una vigilancia exhaustiva y a la hora de la construcción no les aseguran que el material a utilizar por GNI sea durable, para toda la vida, comentaron que han visto en otros lugares que a pesar de haber puesto el mejor material para el gasoducto ha habido problemas durante la operación del mismo.
A pesar de que algunos medios de comunicación a nivel estatal entrevistaron al presidente municipal de San Rafael Héctor Lagunes Reyes sobre el gasoducto, les ha indicado que es responsabilidad del Gobierno Federal, pues al preguntarle sobre el tema al representante de la Contraloría, éste señaló que el munícipe sólo esta evadiendo su responsabilidad como autoridad del lugar.
Comentó que en otros lugares los alcaldes y sus ediles tienen la responsabilidad de decir sí o no a una obra de construcción por parte de cualquier empresa, que podría ayudar o podría perjudicar a la ciudadanía que habita cerca.
El personal de la Controlaría asegura que el alcalde Lagunes Reyes permitió que se llevara a cabo la construcción del gasoducto a un costado de la carretera federal, a pesar que el munícipe señala que no le compete dicha situación.
Por lo anterior, los integrantes de la Contraloría Social manifiesta que el señor Héctor Lagunas firmó la autorización de la obra y que al final de cuentas no quiere hacerse responsable de su decisión.
Indicaron que aún persisten dos denuncias en contra del municipio, realizada una ante la instancia de Derechos Humanos, mientras que la otra sigue su proceso de juicio administrativo, y en ambas indican que fue por autorizar la construcción del gasoducto.
Comentaron que todo es debido a que en el Ayuntamiento, no tomaron en cuenta al pueblo que podría ser el principal perjudicado al echar a andar los trabajos del gasoducto, esperan que se resuelva pronto la sentencia, por haber permitido la construcción de dicha obra.
Al cuestionar a los integrantes de la Contraloría si se han acercado precandidatos a prometerles que les podrían quitar el gasoducto en esta región, comentó que hasta al momento ninguna persona se ha acercado para prometer la no construcción del gasoducto.
Al darse el caso, en que llegara una personaje político a prometerles que no se va realizar el gasoducto, como Contraloría indicaron que lo primero que harán es que el precandidato o candidato firme ante un notario público la promesa de campaña.
Aseguraron que el último proceso electoral prometió que no se llevaría a cabo el gasoducto, sin embargo al estar en el poder lo primero que hizo fue autorizar la construcción del mismo, por lo cual van a tomar medidas para que no vuelvan a engañarlos.
De igual forma, mencionó que el próximo miércoles se llevará a cabo otra reunión con integrantes de la Contraloría, personal de GNI y representantes de los ejidatarios para llevar a cabo una solución definitiva para la instalación del gasoducto por la vía de las parcelas.
