*Abogados denuncian formalmente a los jueces Mario Vivanco Gastélum y Marco Antonio Rodríguez Lobato, así como de la oficial judicial Dalila Martínez ante el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz, señalados por imponer restricciones Ilegales al Acceso Judicial
Martínez de la Torre, Ver.— Por presuntas faltas administrativas que se traducen obstrucción en el acceso a la justicia, por aplicar medidas fuera de la ley, abogados de la región de Martínez de la Torre han interpuesto una denuncia formal ante el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz en contra de los jueces Mario Vivanco Gastélum y Marco Antonio Rodríguez Lobato, así como de la oficial judicial Dalila Martínez, todos adscritos al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Misantla con residencia en Martínez de la Torre.
Los denunciantes, señalan a los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Veracruz de presuntas faltas administrativas que se traducen en una obstrucción sistemática y manifiestamente ilegal al ejercicio de la defensa adecuada, al acceso a la justicia y al principio de publicidad, esta última en detrimento de la sociedad.
La denuncia sostiene que las medidas administrativas implementadas por los juzgadores son "anacrónicas" y denotan una "patología administrativa" que vulnera los principios rectores del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Y es que en el punto más álgido de la denuncia recae en una orden directa de los jueces de prohibir el ingreso y uso de aparatos electrónicos —incluyendo celulares con cámara, laptops y tabletas— para el público y los litigantes, y la restricción expresa de fotografiar o escanear los expedientes judiciales y constancias a pesar de que las personas tengan calidad de parte.
Los especialistas en Derecho, señalan que esta prohibición es ilegal y contraviene frontalmente lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, primordialmente los Artículos 50 y 51 los cuales garantizan que las partes "siempre tendrán acceso al contenido de las carpetas digitales y sus complementarios”; y facultan la utilización de medios electrónicos en todas las actuaciones para facilitar su operación. "La Constitución y la Ley procesal penal adoptan un principio de máxima publicidad y operabilidad digital, despojando al juzgador de la facultad de imponer barreras burocráticas", explicaron.
De esta manera, en la sede de la Ciudad Judicial en Martínez de la Torre al impedir la reproducción digital, los jueces imponen una traba burocrática anacrónica que merma la capacidad de una defensa técnica y adecuada. El abogado debe depender de la memoria, notas o procesos lentos de solicitud de copias certificadas, afectando el conocimiento pleno, inmediato y documentado de las constancias que exige la inmediatez del sistema penal acusatorio.
Y es que genera sospecha por parte de los litigantes y las demás partes que forman parte de un proceso penal, que los jueces prohíban el acceso a los procesos penales físicos como lo son, las notificaciones, acuerdos, actas mínimas —entre otras—, ya que ello permite el mal uso de los mismos, existiendo el riesgo de que sean sustituidos o alterados por los funcionarios de ese Poder para beneficio de uno y perjuicio de otros, razón por la que los abogados alegan, que la prohibición por parte de los juzgadores de Martínez de la Torre, es ilegal y contraviene —precisamente— el derecho que las partes tienen de consultar sus expedientes, fotografiarlos, escanearlos o fotocopiarlos, como una medida de protección a posibles prácticas ilegales, ya que es una herramienta tecnológica útil en la actualidad para evidenciar el actuar de los servidores públicos.
Finalmente, la denuncia formal ha solicitado al Tribunal de Disciplina Judicial la intervención inmediata y la apertura de una investigación para determinar la responsabilidad de los servidores públicos por la comisión de Faltas Administrativas que conculcan derechos fundamentales de acceso a la justicia, defensa adecuada y máxima publicidad.
JUECES BUSCARON EL APOYO DE LA CIUDADANÍA Y DE ABOGADOS PARA SEGUIR EN EL PODER, AHORA ATENTAN CONTRA QUIENES VOTARON POR ELLOS
Cabe mencionar, que los jueces Mario Vivanco Gastélum y Marco Antonio Rodríguez Lobato, son los mismos personajes que en el Proceso Electoral de este año participaron en la Elección Judicial para seguir en el poder, para ello buscaron el apoyo de los abogados, de organizaciones y de la ciudadanía en general, bajaron de sus "tronos", se vistieron humildes y salieron a pedir el voto ciudadano prometiendo un Sistema de Justicia más humano, una vez logrado su objetivo volvieron a sus pedestales, se olvidaron del pueblo a quienes juraron "cercanía"; ahora, a través de mecanismos ilegales buscan obstruir el acceso a la justicia en perjuicio del pueblo que los eligió, el mismo pueblo que confío en la palabra de ambos y ahora los traicionan.
