- Aún “estancada” la tercera alerta en Veracruz
Juan David Castilla
Xalapa , Ver.- Hasta el pasado 3 de diciembre se contabilizaron 556 desapariciones de mujeres en el estado de Veracruz, durante este año.
María de la Cruz Jaimes García, directora del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, indicó que se ha fortalecido la exigencia de una tercera alerta de violencia de género por desaparición forzada.
Lo anterior, tras los recientes hechos violentos contra las mujeres registrados en la entidad veracruzana.
Repudió y lamentó el caso de Rosa Isela, la joven embarazada que fue asesinada y cuyo bebé le fue sustraído en el puerto de Veracruz, así como también el feminicidio de Yesenia, una niña de 13 años, en el municipio de Coatzacoalcos.
“Las cifras van en aumento, por eso nosotras decimos: Es urgente que el estado cumpla con esa responsabilidad de salvaguardar la vida y la seguridad de las mujeres”, enfatizó la activista.
En lo que va del año se registraron 89 feminicidios y 88 asesinatos de mujeres en Veracruz, cifras que resultan alarmantes.
“Tenemos 556 mujeres desaparecidas, ante esta realidad no queremos discursos falsos, vacíos, queremos que asuman la responsabilidad y que la vida y seguridad de las mujeres sea prioritaria”, añadió Jaimes García.
PELIGRAN MUJERES
Los colectivos feministas consideran que la tercera alerta de violencia de género para Veracruz está estancada.
“Creo que la realidad nos está rebasando, en caso de Rosa en el puerto de Veracruz, que desapareció, que le iban a regalar ropita y apareció muerta y sin su bebé es un claro indicador de la gravedad, de la violencia, de la violación de los derechos humanos de las mujeres”.
Por ello, exigen a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y a la Fiscalía General del Estado (FGE) que emitan la información para que sea declarada la tercera alerta.
“Para que se pueda decretar la tercera alerta de violencia de género, porque la vida y la seguridad de las mujeres está en riesgo y lo que vemos es que hay una total opacidad por parte del Estado, no sabemos cuál es razón por la que no determinan y no hacen públicos los datos y no determinan la tercera alerta”, agregó Jaimes García.
A su juicio, ha sido notoria la falta de compromiso por parte del gobierno para garantizar la seguridad de las mujeres en el estado de Veracruz.
“Es la falta de responsabilidad del estado para salvaguardar la vida y la seguridad de las mujeres. El caso de Rosa es lamentable”, refirió la defensora de las mujeres.
La articulación de derechos humanos, conformada por feministas del estado de Veracruz, siguen en pie de lucha para exigir la tercera alerta de violencia de género, en este caso, por desaparición forzada de mujeres.
AUMENTA VIOLENCIA
De enero a julio de 2022, la Red Nacional de Refugios (RNR) ha brindado atención integral especializada a 22 mil 639 personas en las distintas entidades federativas.
Se reporta un aumento del 17% en los ingresos de sobrevivientes de violencias, en comparación con el mismo periodo de 2021.
Ante la ola de violencias machistas contra las mujeres y niñas en México, la Red
Nacional de Refugios creó la iniciativa Marea Violeta como respuesta artística
de resistencia, reivindicación y construcción de alianzas a favor de la vida, dignidad y libertades de todas las mujeres.
La gira de tertulias musicales se convierte en un movimiento colectivo donde
diversas voces se suman por la exigencia del acceso a la justicia integral y el
ejercicio pleno de todos los derechos humanos para todas las mujeres.
La Marea Violeta también nombra y visibiliza las violencias machistas y
continúan la exigencia al Estado mexicano de garantizar el derecho de las
mujeres e infancias a contar con refugios con presupuesto para el 2023
progresivo y entregado oportunamente.
Se busca establecer mesas de diálogo y trabajo a la brevedad entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Congreso de la Unión, las
Instancias Gubernamentales correspondientes y la Red Nacional de Refugios.
Lo anterior, para diseñar y proponer un plan especial con perspectiva de género y derechos humanos apegado a las necesidades específicas de las mujeres mexicanas.
Cabe recordar que los refugios han presentando problemas financieros para operar y dar alojamiento a mujeres violentadas.
INICIATIVAS CIUDADANAS
La activista veracruzana Wendy López Hernández imparte talleres sobre feminismo, arte y performance en cuatro Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), ubicados en las zonas norte y centro del país.
Ella trasmite sus conocimientos sobre la defensa de los derechos de las mujeres a las reclusas, quienes, muchas veces, desconocen sus derechos.
“Estoy dando clases de arte, feminismo y performance y son mujeres que están recluidas por distintos casos. Muchas de ellas no sabían que había una justicia con perspectiva de género”, añadió.
Uno de los penales se encuentra en el estado de Chihuahua y otro en Guanajuato, por mencionar algunos.
“No puedo dar los nombres, pero son dos del centro y otros de la zona centro del país”, refirió la entrevistada.
Varias mujeres están en la cárcel por haber asesinado a su violador, a su golpeador o a la persona que abusó sexualmente de sus hijas e hijos.
“Más que nada ellas son víctimas y están ahí por las circunstancias que las llevaron”, enfatizó la feminista.
La idea de impartir los talleres en las cárceles surge por un proyecto enfocado a la divulgación de la perspectiva de género, a través del arte.
CRÍMENES PESE A PROTECCIÓN
Durante el periodo de 2012 a 2020 ocurrieron 23 feminicidios en el país, pese a que las mujeres ya contaban con la supuesta protección del Estado y mantenían un proceso abierto en contra de sus agresores.
De enero de 2020 a marzo de 2022 se abrieron mil 426 carpetas de investigación por el delito de tentativa de feminicidio, mostrando que hay una tendencia muy superior a lo que se ha registrado en los últimos ocho años.
De acuerdo con el Observatorio Nacional de Feminicidio (ONF), en los últimos ocho años se registraron en todo el país 1.7 millones de ataques violentos contra mujeres, de los cuales sólo 781 fueron a juicio como intento o tentativa de feminicidio, representando el 0.04 por ciento. El resto fue clasificado como lesión dolosa o violencia familiar.
