* A casi tres años, asesinato de María Elena Ferral sigue en la impunidad por inconsistencias cometidas por la Fiscalía
* Acceso a la justicia para las víctimas en este país sigue siendo largo y tortuoso: Sara Mendiola
Rafael Meléndez Terán
Xalapa, Ver.- Las inconsistencias y prácticas inadecuadas cometidas por la Fiscalía Regional de Papantla y de los jueces del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) podrían poner en libertad a los tres presuntos autores materiales del homicidio de la periodista María Elena Ferral, quien fuera asesinada a balazos el 30 de marzo de 2020 en ese mismo municipio del norte de la entidad.
Sara Mendiola Landeros, directora ejecutiva de Propuesta Cívica, dijo, de manera contundente, que existe un riesgo real de que los acusados de privar de la vida a la reportera puedan salir de la prisión, dado que se sigue afectando el debido proceso, lo cual resulta sumamente grave en este nuevo sistema de justicia penal porque existen las condiciones para se puedan configurar violaciones a derechos fundamentales de los imputados por el delito de homicidio.
Quien encabeza la organización que acompaña y representa legalmente y gratuitamente a periodistas y personas defensoras ante distintas instancias judiciales y administrativas, hizo un fuerte llamado a las instituciones procuradoras de justicia, al PJEV y al Consejo de la Judicatura del estado veracruzano para que cesen con este actuar que solo está provocando dilaciones.
“Da cuenta cómo el camino de acceso a la justicia para las víctimas en este país sigue siendo largo y tortuoso, este proceso se tarda años para llegar a este punto y la Fiscalía da marcha atrás a los avances”, expuso en entrevista.
Desde el año 2021 Sara Mendiola y su grupo de asesores jurídicos están luchando contra las malas prácticas de la Fiscalía regional y de las autoridades judiciales, pero en diciembre del año pasado se asestó un “golpe” judicial que podría dar un giro repentino al caso de homicidio y que podría dejar en la indefensión a las víctimas directas e indirectas.
Recordó que ya se habían logrado desahogar cuatro jornadas de la etapa de juicio oral en la que se presentaron diversos testigos, pero lamentablemente el 30 de diciembre de 2022, a solicitud de la fiscalía, el juez anuló el avance de la audiencia y esto dio como resultado que todo lo que se había desahogado dejara de tener efecto jurídico, es decir las cosas se regresan hasta el punto inicial, aun con la oposición de ambas partes.
Al respecto, la parte defensora de las víctimas apeló que la decisión de la Fiscalía no estaba apegado a la legalidad, no obstante, la autoridad jurisdiccional desestimó esos argumentos y estimó como válidos los de la Fiscalía.
Otro obstáculo al que se están enfrentando es que el Poder Judicial veracruzano tiene que nombrar a la brevedad al juez que va a desahogar la próxima audiencia, pero peor aún es que debe ser alguien que no haya tenido conocimiento ni contacto de este caso.
Esta nueva limitante afecta el proceso tomando en cuenta no hay más jueces adscritos a la región de Papantla, por lo que tendrían que trasladarlo de otra región del estado.
El común denominador es el mismo: omisión de las autoridades jurisdiccionales, que lejos de generar un avance, han optado por la vía de la no comunicación, es decir muchos de los actos de las solicitudes que la Fiscalía llega a hacer no llega a manos de los asesores jurídicos de las víctimas.
Por otro lado, reveló que, si bien hay cinco personas con prisión preventiva por la autoría material del homicidio, el autor intelectual aún no ha sido llevado ante tribunales de justicia.
“No existe una claridad absoluta, ni elementos suficientes de prueba para poder proceder contra el presunto autor intelectual, aunque existen elementos que hacen presumir quién es el probable responsable intelectual, por lo tanto está en la calidad de no identificado geográficamente y por lo tanto no tiene una orden de aprehensión”, explicó.
María Elena Ferral, reconocida reportera de la región norte del estado de Veracruz, murió la noche del 30 marzo en un hospital donde intentaban salvarle la vida después de haber recibido varios disparos de arma de fuego que le causaron lesiones irreparables en el hígado y los pulmones.
Años antes del lamentable evento en el que fue asesinada, la periodista incómoda para grupos de poder de esa región veracruzana ya había sido víctima de varias agresiones y amenazas de desaparición, por lo que temporalmente se le aplicaron medidas cautelares de protección.
A la par se abrieron carpetas de investigación que finalmente no se resolvieron y que mantienen al estado de Veracruz como el de mayor peligrosidad para ejercer el periodismo.
