ISABEL ORTEGA/AVC NOTICIAS
XALAPA, VER.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió al Senado mandar a llamar al titular de la Universidad Popular Autónoma de México (UPAV), que dirige Ome Tochtli Méndez Ramírez, por incumplir con una recomendación.
Recientemente la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, solicitó al Senado de la República llamar a comparecer a los titulares del Gobierno del Estado de Veracruz y la Fiscalía General para explicar el motivo de su negativa de aceptación de las recomendaciones 51VG/2022 y 59/2022, la primera por violación y tortura y la segunda por una detención arbitraria.
La comisión de derechos humanos del Senado se reunió el pasado 30 de marzo para llamar a comparecer a funcionarios, pero la reunión se canceló por falta de quórum.
La sesión llamó la atención de los medios de comunicación porque en la lista de 30 personajes públicos y políticos que serían llamados a comparecer por incumplir recomendaciones aparecía el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y la fiscal general, Verónica Hernández Giadáns, pero también se incluyó a autoridades de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), en ese caso al rector Ome Tochtli Méndez Ramírez.
¿A QUÉ RECOMENDACIÓN SE REFIERE?
La recomendación 25/2022 que emitió la CNDH involucra a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) que dio de baja a una alumna por no pagar la cuota de un cuatrimestre, violando su derecho a la educación, y a la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), quien archivó la denuncia de la estudiante de la licenciatura de Trabajo Social en Tuxpan.
En la resolución se pidió no sólo restituir en sus derechos a la estudiante universitaria, sino investigar a dos funcionarios de la UPAV por incumplimiento de un deber legal, al darla de baja por no pagar su colegiatura; e investigar a los trabajadores de la Comisión Estatal que determinaron archivar el expediente. El 18 de mayo de 2019, la joven, estudiante del cuarto cuatrimestre de la licenciatura de Trabajo Social en Tuxpan, presentó queja ante la Comisión Estatal, manifestando presuntas violaciones a sus derechos humanos de petición y a la educación, perpetradas por autoridades de la UPAV.
El 10 de junio de 2020 el Organismo local emitió el acuerdo por el que se concluyó en archivar la queja en el que se determinó que no se acreditaron violaciones a los derechos humanos; información que fue notificada a la estudiante el 29 de junio de 2020.
El 28 de julio de 2020, la estudiante presentó un recurso de reconsideración ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el actuar de la CEDH.
La estudiante había pedido la condonación del pago de su mensualidad; sin embargo, no se acepta reintegrar el costo de su inscripción al segundo cuatrimestre del periodo enero-abril de 2019. Por no cubrir la “aportación voluntaria” por el cuatrimestre la habían dado de baja de la carrera.
A la joven le entregaron un recibo de una fecha de pago que se había vencido, y cuando pidió una nueva autorización de pago, le refirieron que como el trámite llevaría varios días, era necesario darla de baja por un tiempo, en tanto le daba un nuevo recibo para pagar la “aportación voluntaria” o inscripción.
En la revisión la CNDH determinó que, de acuerdo a la ley, las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a la educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.
“Aunado a lo anterior, es necesario recalcar que la solicitante al haber hecho esos depósitos monetarios, expresamente vuelve voluntaria su aportación, con lo que queda sin efectos su inconformidad en ese sentido, al argumentar haber realizado un hecho contrario a sus intereses”, fue el argumento de la CEDH para archivar la queja.
La Comisión Estatal no verificó que se le hubiese proporcionado a la estudiante una respuesta puntual y congruente con las peticiones dirigidas a la UPAV, en las que solicitó se le exentara del pago de la cuota “voluntaria” de reinscripción del segundo cuatrimestre; lo que tuvo como consecuencia a su vez la vulneración a su derecho a la educación, al darla de baja de esa Universidad.
Por lo anterior, se ordenó inscribir a la estudiante al registro estatal de víctima y restituir su derecho a la educación, “debiendo garantizar su ingreso al tercer cuatrimestre próximo a llevarse a cabo, sin exigir u obstaculizar el mismo con el previo pago de la aportación voluntaria u algún otro concepto”.
En cuanto a los dos servidores públicos involucrados en que se le diera de baja, se les pidió fincar una responsabilidad, lo mismo que a los de la CEDH que decidieron archivar la queja.
