Iris Román
Tuxpan, Ver - La Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través de su delegación regional en Tuxpan, ha identificado que las corporaciones de policía y la Fiscalía General del Estado son los entes más señalados por ciudadanos que denuncian presuntas violaciones a sus derechos humanos. De los 58 expedientes de queja iniciados durante el primer semestre del año, la mayoría corresponde a acciones u omisiones de estas instituciones.
El delegado regional, José Luis Hernández Galicia, explicó que las quejas van desde abusos cometidos por elementos de la policía municipal y estatal, hasta irregularidades por parte de policías ministeriales y fiscales investigadores. También se han recibido casos contra elementos de la Marina y el Ejército, aunque en estos últimos, las denuncias son remitidas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por tratarse de instancias federales.
A pesar de que estas corporaciones reciben constantemente talleres, conferencias y capacitaciones en materia de derechos humanos, el funcionario admitió que la problemática persiste debido a un factor estructural: la impunidad. Hernández Galicia señaló que, en muchos casos, las autoridades intentan justificar o encubrir las malas conductas de sus elementos, lo que refuerza la percepción de que no existen consecuencias reales para quienes vulneran los derechos de los ciudadanos.
“Los servidores públicos saben que maltratar o violentar a una persona en el ejercicio de sus funciones es indebido. Lo saben porque han recibido capacitación. Sin embargo, lo hacen porque saben que no va a pasar nada”, expresó el delegado. Añadió que las recomendaciones que emite la Comisión no siempre son aceptadas por las autoridades, lo que limita su efectividad y perpetúa un clima de permisividad.
Además, muchos expedientes son archivados no porque se resuelvan o se desestimen, sino porque las personas que interponen la queja no le dan seguimiento. El delegado explicó que, tras la emoción inicial por el agravio recibido, muchos ciudadanos no regresan a dar continuidad al proceso. A esto se suma que el sistema legal requiere respetar plazos y procedimientos, lo cual a veces desmotiva a los afectados.
Finalmente, Hernández Galicia destacó que los cambios en las administraciones municipales suelen generar una mayor inquietud entre los servidores públicos, sobre todo entre quienes tienen antecedentes de quejas. “Cuando hay cambio de gobierno, muchos se preocupan porque podrían perder su empleo si se visibilizan sus antecedentes en derechos humanos”, comentó. Por eso, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar siempre que sus derechos sean vulnerados, ya que esto ayuda a frenar abusos y a generar evidencia contra quienes, desde el poder público, ejercen violencia o discriminación.
