- Tras un motín en el CERESO de Tuxpan que dejó 8 muertos y 10 heridos, la CNDH advierte riesgos estructurales en la gobernabilidad y seguridad de los centros penitenciarios en Veracruz
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Xalapa, Ver.- El motín registrado el 2 de agosto de 2025 en el Centro de Reinserción Social de Tuxpan dejó al menos ocho personas muertas y diez heridas, todas privadas de la libertad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió sobre fallas críticas de gobernabilidad y seguridad en el sistema penitenciario de Veracruz.
La CNDH señaló que el motín fue provocado por inconformidades internas ante prácticas de autogobierno, extorsión y cobros ilegales entre personas privadas de la libertad. Estos factores ya habían sido advertidos como riesgos en pronunciamientos anteriores del organismo, sin que se adoptaran acciones suficientes para mitigarlos.
En su comunicado, la CNDH subrayó que la situación compromete los derechos humanos de las personas internas, el personal penitenciario y sus familias. Exhortó a las autoridades a detectar los factores que propiciaron el incidente y a implementar medidas que garanticen la seguridad, integridad y vida de la población penitenciaria.
CALIFICACIONES DEFICIENTES Y OMISIONES PREVIAS
Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2023, el penal de Tuxpan obtuvo una calificación de 7.01, con deficiencias en prevención de violencia, mecanismos de quejas, supervisión interna y clasificación de personas privadas de libertad. Para 2024, el sistema penitenciario estatal descendió a una calificación global de 6.31, con problemas como falta de personal de custodia y hacinamiento en otros centros.
Aunque en 2023 la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana aseguró que los centros operaban sin riesgos, la CNDH cuestionó la falta de acciones correctivas tras haber emitido alertas previas.
LLAMADO A ACCIONES URGENTES Y PROTOCOLOS EFECTIVOS
La CNDH urgió al gobierno estatal a reforzar la seguridad en el penal de Tuxpan y en el resto de los centros penitenciarios de Veracruz. Reiteró la necesidad de eliminar el autogobierno, fortalecer la clasificación penitenciaria y asegurar atención médica, alimentaria y legal para todas las personas internas, en especial menores y grupos vulnerables.
También pidió garantizar el acceso a la información para familiares, evitar la revictimización y aplicar los protocolos correspondientes para la atención de eventos violentos. El organismo se comprometió a dar seguimiento al caso y a las acciones implementadas por el gobierno estatal.
