* Mil trabajadores fueron víctimas de una caja de ahorro promovida por su propio sindicato.
Yhadira Paredes
Xalapa, Ver.- A más de siete años de que se denunció el fraude del que fueron objeto poco más de mil trabajadores del Poder Judicial del Estado por una caja de ahorro promovida por el propio sindicato, en ese entonces a cargo de María Araceli Mestizo, no se ha girado orden de aprehensión en contra de Rosa María Beatriz Rivera, responsable de la cuenta donde era depositado el dinero.
Así lo dio a conocer la actual secretaria general del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial, Rocío Tinajero, quien se deslindó de este asunto, al asegurar que no ocurrió en su gestión.
Entrevistada en el marco de la guardia de Honor que realizaron los trabajadores del Poder Judicial en el monumento a don Miguel Hidalgo y Costilla, la representante sindical señaló que hasta el momento no se ha detenido a la persona que se quedó con la caja de ahorro, que sumaba alrededor de siete millones de pesos.
“Eso ya no me correspondió a mí, sino a mi secretaria general anterior (María Araceli Mestizo), entonces no te puedo dar un informe exacto. El esquema de la caja de ahorro desapareció y las autoridades están a la espera de que se gire la orden de aprehensión, de ahí no le puedo dar más informes”.
Insistió que este caso, por el que se interpuso una denuncia, ya no le correspondió a su gestión y aunque aseguró saber quién era el o la responsable, no quiso proporcionar el nombre, aunque la encargada de la caja era Rosa María Beatriz Rivera.
“No la estoy protegiendo, pero le vuelvo a repetir esta en la causa, es algo que pasó hace mucho tiempo, no es de mi gestión; mi gestión empezó de junio a la fecha. Ya no está dentro de mis prioridades”, afirmó.
Hay que recordar que de acuerdo a la entonces responsable de la Caja de Ahorro, la cuenta bancaria donde estaban depositados los recursos fue vaciada por desconocidos que la amagaron, la secuestraron y la obligaron a proporcionar los números de cuenta y claves.
Esta situación nunca se aclaró y magistrados, proyectistas y personal del Poder Judicial exigieron la entrega de sus ahorros, por lo que interpusieron una denuncia penal en contra de la misma, la cual no ha prosperado.
