Orfis: algunos pagos serán heredados a la próxima administración.
AGENCIA/AVC
Xalapa, Ver.- La deuda pública y pasivos del Gobierno del Estado, reconocida hasta el mes de diciembre del 2015, suma 64 mil 886 millones de pesos, confirmó el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Antonio Portilla Vásquez.
Sumado a lo anterior, el Gobierno tiene pendiente de comprobar el ejercicio de 35 mil millones de pesos del llamado gasto federalizado, es decir, fondos que transfirió la Federación y que no se han aplicado, por lo que los pasivos podrían sumar más de 99 mil millones de pesos.
En breve entrevista, después de entregar el Informe del Resultado de la Cuenta Pública 2015, el auditor general intentó evadir las preguntas de la prensa respecto a los pasivos del estado, pero ante la insistencia reconoció algunos pagos pendientes que serán heredados a la próxima administración.
Dijo que la deuda con bancos de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) es de 48 mil 183.5 millones de pesos, más la de los municipios que es de 3 mil 902. En ese caso el gobierno es deudor solidario, por lo que el pasivo suma 52 mil 85.5 millones de pesos.
Detalló que para diciembre del 2015, el llamado pasivo circulante era de 12 mil 500 millones de pesos, lo que suma más de 64 mil millones.
A lo largo de la entrevista, en la que pidió el apoyo de sus asesores para poder dar las cifras exactas, descartó que el monto supere los 100 mil millones de pesos como lo ha manejado la oposición.
Evitó confirmar si los 35 mil millones que se deben reintegrar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se pueden considerar como deuda pública y se limitó a decir que dentro del informe que entregaron a los diputados hay un apartado especial sobre el gasto federalizado que detalla las observaciones, lo solventado y lo pendiente de justificar.
—¿Coinciden con las cifras de ustedes?
—Pues deben coincidir —dijo en medio de risas entre los representantes de los medios de comunicación.
“Estoy para servirles, pero deben de entenderme que el Orfis es un órgano interno del Congreso, nuestro vínculo es la Comisión de Vigilancia, sería una falta de respeto hacerlos (dar a conocer las cifras) no para ustedes, para ellos”, justificó.
De esa forma, el funcionario se mostró esquivo en sus respuestas, no quiso confirmar si el daño patrimonial podría sumar los mil millones de pesos, y comentó que una vez que se apruebe el dictamen, los entes que no aprueben la Cuenta Pública tendrán un plazo de 45 días para justificar, en la segunda fase del proceso de fiscalización, el manejo de los recursos públicos.
Si no ocurriera así, estarían en posibilidad de presentar las denuncias penales por el mal
