Greenpeace señaló que a seis meses del incidente que cobró la vida de más de 33 personas, no hay acciones ni sancionados
Naldy Rodríguez
Xalapa, Ver.- La organización ambientalista Greenpeace denunció que existe impunidad y opacidad en el caso de la explosion de Pajaritos ocurrida hace seis meses y que dejó al menos 33 trabajadores muertos.
“No ha habido sanciones y ninguna autoridad ni las empresas han dado una explicación sobre las causas del siniestro, que además de víctimas mortales y cientos de heridos, liberó sustancias altamente tóxicas en el ambiente”, señaló Greenpeace a través de un comunicado.
De acuerdo a investigaciones, la incineración de residuos peligrosos -como la ocurrida en 1991 y en abril de 2016 cuando explotó la planta Clorados de Pajaritos- contribuye a incrementar las condiciones de los diferentes contaminantes del aire y provoca un deterioro en la calidad de vida de las personas, al generar daños que van desde irritaciones leves hasta irreversibles, principalmente en ojos, pulmones y vías respiratorias.
Greenpeace realizó un análisis de contaminantes, el primero en su tipo en el país después del accidente y confirmó que es una “bomba de tóxicos”, pues documentaron la presencia en agua de al menos 59 químicos orgánicos aislados, entre ellos algunos considerados de alto riesgo y cancerígenos como el Dicloruro de Etileno (EDC).
También encontraron la existencia de otras sustancias tóxicas conocidas como dioxinas y furanos sujetas –al menos en el papel- a estrictas regulaciones en México.
El coordinador de la campaña de Tóxicos de Greenpeace México, Miguel Soto Treviño, señaló que las autoridades federales, estatales y las empresas siguen actuando con impunidad y negligencia.
“Es completamente irresponsable que las autoridades de salud estatales y federales y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) mantengan desinformada a la población y a la opinión pública sobre los riesgos a los que están expuestos las personas tras la explosión”.
Mencionó que el actual Secretario de Salud estatal, Fernando Benítez, se comprometió –en mayo- a realizar un supuesto estudio de salud, sin embargo, no se ha llevado a cabo ni se han dado explicaciones del por qué ocurrió la explosición.
“¿Dónde está la ‘investigación a fondo’ que anunció el director general de Pemex, José Antonio González Anaya? y ¿quiénes son los culpables y cuáles son las sanciones que recibirán?”, cuestionó.
Añadió que se desconocen las consecuencias a largo plazo que tendrá la exposición a dioxinas y furanos en la gente y el ecosistema, por lo que se debe dar seguimiento epidemiológico a largo plazo a la población que ha estado expuesta a estas sustancias.
A la opacidad y falta de seriedad de las citadas autoridades, se suman también las omisiones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la cual aún no ha dado noticias sobre el supuesto plan de remediación que solicitó a Mexichem en junio pasado, y tampoco ha hecho público qué empresas fueron las encargadas de retirar los residuos tóxicos que quedaron tras la explosión, quién los caracterizó y cuál fue el destino final de los mismos., expuso.
