- Hay dos exsecretarios de despacho involucrados en este fraude a la administración estatal.
- Contralor general del Estado, Ricardo García Guzmán, anunció que interpuso 2 denuncias.
AGENCIA/AVC
Xalapa, Ver.- El contralor general del Estado, Ricardo García Guzmán, anunció que interpuso dos denuncias penales por la malversación de mil 63 millones de pesos por obras inexistentes.
Señaló que hay dos exsecretarios de despacho involucrados en los dos presuntos hechos de fraude a la administración estatal: “El día de ayer esta Contraloría General denunció ante la Fiscalía del Estado la falsa certificación de obras por mil 63 millones de pesos que no existen pero sí fueron cobradas por Gobierno del Estado a Banobras”.
Durante su comparecencia ante diputados locales, aseguró que después de un diagnóstico ya sabe con precisión dónde están los recursos que tanto han dado de qué hablar por observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Explicó que este año se dieron a la tarea de certificar la administración y aplicación de los recursos de la Sefiplan, por lo que “ahora conocemos con precisión el destino de los recursos que tanto han dado de qué hablar en los últimos meses”.
El funcionario comentó que Veracruz está colapsado, y con motivo de esa emergencia, se han cuestionado de qué debía informar a los legisladores, “las auditorías, las observaciones, las sanciones, las declaraciones patrimoniales, las quejas y denuncias que son de gran interés para la ciudadanía”.
El funcionario dijo que de manera personal, como veracruzano, comparte el interés de la mayoría de los ciudadanos de que haya castigo para quienes malversaron los fondos públicos.
Breve en su mensaje, pues no tardó más de diez minutos, expresó: “Comparto el interés porque no haya perdón, ni gracia ni excepciones en los casos que se acredite la trasgresión de la ley”.
Comentó que los tribunales en el ámbito estatal y federal deben juzgar a los responsables, y que “quien presume inocencia que haga su propia defensa”.
Recordó que la ley los obliga a guardar secrecía, pero la historia enjuiciará a los responsables de desvío de recursos y cada funcionario deberá asumir su responsabilidad.
En un intento de deslindarse, acusó que sus antecesores actuaron de manera personal y no institucional y que sus decisiones serán juzgadas, “no todos los servidores públicos son responsables, de los 20 mil trabajadores de la administración pública descentralizada la gran mayoría, la aplastante mayoría, son honestos y eficientes”.
