Para tal efecto, diputados modificaron la Constitución Política de Veracruz.
Yhadira Paredes
Xalapa
Se valida en un segundo periodo del Congreso local la modificación a la Constitución Política de Veracruz que obligará la comparecencia de los titulares de los organismos autónomos del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), la Fiscalía General del Estado, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Organismo Público Local Electoral y la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas.
De acuerdo con la modificación al artículo 33 en su fracción XXXII, se deberá entregar un informe anual de actividades y comparecer ante diputados locales para dar detalles de lo realizado en su gestión.
Ahora tendrán que ser sometido a la aprobación de cuando menos la mitad de los 212 cabildos veracruzanos para que pueda entrar en vigor en 2017.
Para el caso del fiscal estatal, la comparecencia será privada y los asistentes guardarán reserva y secrecía sobre cualquier asunto abordado en la reunión, con lo que se blinda que en la reunión no se permita la asistencia de la prensa.
La diputada María Josefina Gamboa en su participación en tribuna señaló que los ciudadanos deben tener la certeza de que dichos órganos funcionan apegados a derecho y se podrá conocer cómo se ha ejercido el presupuesto.
En ese sentido, acusó que los órganos autónomos han permanecido al margen de la presentación de Informes, si bien sus recursos son fiscalizados, sus titulares no comparecen ante los diputados locales.
“Fueron creados precisamente para generar un equilibrio entre el poder y la autoridad; entre la aplicación de la norma y las necesidades de la población; se constituyeron precisamente para ser una herramienta de balance y contrapesos”.
La diputada panista afirmó que los titulares de estos órganos han abusado de la independencia y hacen lo que se les pega la gana, por lo que se hace necesario que comparezcan ante los diputados locales.
El Orfis por 12 años fue omiso ante el mal manejo de los fondos públicos de los gobiernos; en la Fiscalía General su extitular aprovechó su autonomía para evitar responder por cientos de expedientes y averiguaciones sin resolver; el IVAI ha promovido la opacidad de algunos entes al solapar la falta de información, denunció.
Por su parte, la Comisión de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) ha usado más de 70 millones de pesos y no queda claro en qué se han gastado, a pesar de los 20 periodistas asesinados y una veintena de exiliados, mientras que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha sido un lacayo más del ejecutivo.
Finalmente, aseveró que con la comparecencia de funcionarios como Alejandro Bonilla, Jorge Winckler, Yoli García o Namiko Matzumoto Benítez, les va a permitir legitimarse en el cargo.
