Las mujeres que necesiten denunciar cualquier tipo de violencia de género, ahora deberán acudir a Xalapa.
AGENCIA AVC
Veracruz, Ver.- Las mujeres que necesiten acompañamiento legal para solicitar apoyo sicológico por haber sufrido insultos o golpes por su pareja, abuso sexual, o cualquier otro tipo de violencia de género ahora deberán acudir a Xalapa sin importar que sean de la Sierra o de zonas lejanas, debido a que las oficinas regionales del Instituto Veracruzano de la Mujer (IVM) en el puerto de Veracruz y en el sur, fueron cerradas.
Entre los cambios que hizo la actual administración estatal en el Instituto fue el cerrar los centros regionales que según Lourdes Godínez, una de las extrabajadoras, fueron creados para brindar apoyo jurídico y sicológico.
Explicó que en algunas zonas existen Institutos Municipales que hacen esta labor, pero no han sido creados en todos los ayuntamientos y en los que se consolidaron no siempre cuentan con presupuesto ni con capacitación, por lo que el estado debe ayudar a las mujeres que viven violencia, evitando desaparecer las oficinas, buscando incrementarlas.
“Dijeron que las oficinas regionales desaparecen y por lo tanto ya no iban a requerir mis servicios […] Yo creo que más bien se deben aumentar, tres oficinas eran insuficientes pero en realidad se requieren mucho más entidades que estén atendiendo a las mujeres”, sentenció.
En Veracruz 11 municipios del estado se encuentran en Alerta de Violencia de Género, debido al alto índice de violencia y feminicidios; sin embargo, los sitios para apoyar a las mujeres están siendo reducidos.
Las extrabajadoras del Instituto, el encargado de realizar políticas públicas y apoyar de forma directa a las mujeres, señalaron que se vive un proceso de desmantelamiento del organismo, que depende de la Secretaría de Gobierno, pues han despedido al personal capacitado y en algunos casos lo sustituyen por gente sin trayectoria.
“Es un Instituto que está teniendo una perspectiva totalmente diferente y que yo podría decir contraria, es decir con una ideología que no se comparte con la perspectiva de género”, comentó Marco Hernández Farfán, quien trabajaba como analista de proyectos en la Oficina de Violencia de Género y Salud Integral.
Las oficinas regionales no han sido las únicas que han dejado de funcionar, un ejemplo de ello, señaló la exanalista de proyectos Catalina Cerón Toral, son los Centros para el Desarrollo de las Mujeres, en los que con recurso del Instituto Nacional de las Mujeres visitaban a 20 municipios de los más marginados del estado para dar asesoría a las mujeres.
“Se ha dejado que hacer porque ya no estamos ahí y porque la gente que está ni siquiera conoce dónde están estos centros”, afirmó.
Entre los despidos se encuentra el caso de Gema Estrada, quien dejó inconclusa la puesta en marcha de la capacitación en línea a maestros para prevenir el embarazo adolescente; o el de Ana Luisa Fuertes Ortiz, quien laboraba para capacitar a las emprendedoras y apoyarlas con incubadoras de empresas gratuitamente, entre otras.
A Gema le dijeron que su área sería cerrada, por lo que no necesitaban sus servicios; sin embargo, a los pocos días supo que contrataron a alguien más en su lugar.
El apoyo directo a las mujeres es sólo uno de las labores del Instituto, cuya función principal es realizar las políticas públicas, como aquellas de educación y concientización que solicita la federación en la Alerta de Género.
Las trabajadoras temen que con la contratación de nuevos perfiles en el Instituto, muchos de ellas personas sin experiencia en el tema como la misma encargada, Sara Gabriela Palacios Hernández, se deje de laborar para buscar la igualdad entre hombres y mujeres.
Godínez explicó que debido a estos cambios temen que el cumplimiento de la Alerta de Género se vea en riesgo, pues actualmente está a cargo de las unidades de género de las secretarías que tienen al frente personas que con poca experiencia en el gobierno.
“Pensamos que va a ser difícil porque tenemos noticias de que las personas responsable son ahora las unidades de género […] y la mayoría son personas que acaban de integrarse a la administración pública”, comentó una de las extrabajadoras.
