- Hay responsabilidad de funcionarios
AGENCIA AVC
Xalapa, Ver.- En la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) hay un patrón de deficiencias y omisiones graves en las investigaciones por desaparición; así lo sustentan 103 casos que analiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Veracruz.
Por estas anomalías, en próximos meses se emitirá la primera recomendación general por desaparición y desaparición forzada en contra de la FGE, y la SSP.
Las quejas de las familias son similares: pareciera que las carpetas se archivan en un cajón, no hay diligencias de investigación, no se obtienen sabanas de llamadas de teléfonos celulares, no se llama a declarar a testigos claves ni se toman perfiles genéticos, lo que finalmente entorpece la investigación, negando el derecho de las familias a la verdad, la justicia y la reparación del daño.
El patrón podría extenderse a los más de dos mil 400 casos de desaparición en Veracruz documentados por la propia FGE. Anomalías que los propios colectivos de familiares en búsqueda han hecho públicas.
La presidenta de la CEDH, Namiko Matzumoto Benítez, afirma que la autoridad por acciones u omisiones vulneró los derechos de las familias y hubo fallas graves en los procesos, por lo en esta recomendación también ordenará a las dependencias involucradas sanciones administrativas o penales en contra de los funcionarios involucrados en estos hechos.
“Las víctimas tienen derecho a saber qué fue lo que pasó. Y obtener una sentencia y una reparación integral del daño”, afirma.
La recomendación lleva un avance del 60%, y podría ser emitida en junio próximo, aunque por el número de casos documentados, es probable que se emita una segunda recomendación.
Adicionalmente se emitirán recomendaciones particulares en cada uno de los casos documentados con la intención de que la autoridad corrija los patrones estructurales deficientes que sigue al atender una denuncia.
La titular señaló que al menos el 10% de los casos documentados son por desaparición forzada, en los que se presume la participación de las policías estatales y municipales.
Apenas este mes de febrero, la CEDH emitió la recomendación 02/2017 en contra de la Fiscalía General del Estado por violaciones a los derechos de la víctima y de la persona ofendida por el caso de Gemma Mávil, secuestrada el 3 de mayo del 2011, y cuyo cuerpo no ha sido entregado a sus familiares, pues está extraviado en una fosa común.
En este caso, se documentaron graves fallas en la investigación que entorpecieron la búsqueda con vida de la joven. Entre las más graves está la liberación de sospechosos del secuestro.
Pedro Mávil, padre de la joven, relata que en mayo del 2016 –cinco años después de los hechos– se enteró extraoficialmente que existía una investigación ministerial iniciada en agosto del 2011 por el hallazgo de una persona del sexo femenino que coincidía con las generales de su hija y cuyos restos habían sido depositados en una fosa común en el panteón Palo Verde.
La Fiscalía nunca le notificó el hallazgo. Cuando acudió a la Fiscalía encontró que el perfil genético extraído del cadáver coincidía con el suyo.
Desde entonces, Pedro Mávil lucha por encontrar el cuerpo de su hija, quien no se ubica en la fosa común donde dice la Fiscalía que la depositó.
Su caso permitió revelar que en la fosa común del panteón Palo Verde existen al menos 109 cuerpos inhumados por la Fiscalía General y reportados como no identificados.
A decir de Matzumoto, el caso de Mávil es similar a los 103 que ya se documentaron: hay un patrón de anomalía en las investigaciones que no permite llegar a la ubicación ni a los culpables por la desaparición.
La nueva recomendación podría incluir algunas de las hechas en este caso, que incluye entre otras iniciar procedimiento de investigación en contra de servidores públicos que participaron en la integración y determinación de la investigación ministerial.
Además de la reparación de daño con una indemnización justa por los daños causados.
A esta serie de violaciones a los derechos humanos se suma una más: el extravío de miles de pruebas de ADN que tomó la Fiscalía, y que por años simuló integrar en un banca de datos inexistentes, lo que ahora hace casi imposible la confronta entre familiares de desaparecidos en búsqueda y los más de 300 cuerpos hallados en fosas clandestinas.
