Agencia AVC
Pacho Viejo, Ver.- En la audiencia de vinculación a proceso en contra del exdirector de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), Francisco Antonio Valencia García, la defensa no logró demostrar que el exfuncionario no haya sido quien ordenó las transferencias bancarias por 435 millones de pesos a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y que generó daño patrimonial en las cuentas públicas de la CAEV en 2013 y 2014.
La Fiscalía General del estado (FGE) basó su tesis en los documentos en los que el exdirector de Egresos de la Sefiplan, Carlos Aguirre Morales y del secretario de Finanzas, Mauricio Audirac Murillo, en los que se ordenó a Francisco Valencia las transferencias.Además, las testimoniales del subdirector administrativo de la CAEV, Noé Hernández Hernández; Carlos Ramírez Ocampo y el tesorero de la CAEV, Moisés Medrano Mendoza.
De esta forma, tras el receso de una hora, la jueza Alma Leyda Sosa Jiménez deberá determinar si vincula a proceso al exfuncionario por los delitos de incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencias, aviso de autoridad y coalición.
Durante la audiencia, la Fiscalía Generales señaló que en 2013 el exdirector de CAEV habría hecho la transferencia de 215 millones de pesos que habrían derivado en la terminación anticipada de 97 obras y que el estado no fuera elegible para recibir recursos federales en los ejercicios 2015 y 2016.
Los recursos que causaron daño patrimonial provienen de aportación federales a diversos programas tales como Apasu, Prosapi, Protar, Prome, Proin, agua limpia y cultura del agua.
Abundó que en 2014, Valencia García habría ordenado la transferencia a Sefiplan de 220 millones de pesos como préstamo a Sefiplan y como prueba mostró varios documentos en los que solicitó en 2015 al entonces secretario de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrín, la devolución del recurso.
Por su parte, la defensa argumentó que no se acreditó la calidad de servidor público por no existir el nombramiento y aseguró de manera contradictoria que los escritos en los que ordenaba la transferencia son parte de una práctica común en el Poder Ejecutivo pues los Organismos Públicos Descentralizados (OPDs) están obligados a radicar los recursos en la Sefiplan.
