- Autorizó gobernador que su hijo contrate crédito con bancos, a siete meses para dejar la administración
Yhadira Paredes
Xalapa, Ver.- El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares emitió un decreto, publicado en la Gaceta Oficial del viernes pasado, en donde autoriza a los ayuntamientos de Boca del Río, Altotonga, Huatusco, Nanchital, Oteapan, Playa Vicente, Tlilapan, Pueblo Viejo, Zontecomatlán, Rafael Delgado, Tuxpan y Tantoyuca, a adquirir créditos de hasta 100 millones de pesos, como es el caso del Ayuntamiento de Boca del Río, que dirige su hijo.
Se podrán contratar bajo las mejores condiciones de mercado, con cualquier institución de crédito o integrante del sistema financiero mexicano.
Altotonga podrá contratar un crédito por el orden de los 13 millones 900 mil pesos; Huatusco (PAN), 12 millones de pesos; Oteapan (AVE), 10 millones de pesos; Tlilapan (PRD) y Zontecomatlán (PAN), seis millones de pesos; Rafael Delgado(PAN), siete millones de pesos.
En tanto los municipios que podrán adquirir mayores recursos son: Boca del Río (PAN) con 100 millones de pesos; Nanchital (PRI), 32 millones de pesos; Playa Vicente (PRI), 20 millones 300 mil pesos; Pueblo Viejo (PRI), 48 millones de pesos; Tantoyuca (AVE), 65 millones 373 mil 912 pesos; y Tuxpan (PRI), 30 millones de pesos.
Este decreto permite a los presidentes municipales tramitar el préstamo ante cualquier institución bancaria del país.
“Los municipios cuentan hasta con 120 meses contados a partir de que se ejerza la única o primera disposición del mismo, en el entendido de que los demás plazos, así como los intereses, comisiones y demás términos y condiciones, serán los que se establezcan en el contrato que al efecto se celebre”.
Según el documento autorizado por la mesa directiva del Congreso local y decretado por el Ejecutivo del Estado, los recursos que se obtengan mediante la contratación del crédito se destinarán a obras de pavimentación de diversas en calles de los distintos municipios, considerados “inversiones públicas productivas”, así como a cubrir los gastos y costos relacionados con la contratación, que en su caso financie la institución acreditante.