25 de Agosto de 2025
 

Denunciarán a Duarte y Bermúdez por crímenes de lesa humanidad

  • Ante el fiscal de la Corte Penal Internacional, en Suiza

 

JUAN DAVID CASTILLA ARCOS

XALAPA, VER.- El exgobernador Javier Duarte de Ochoa y Arturo Bermúdez Zurita podrían ser condenados a 30 años de prisión o cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad.

El exmandatario priista y el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) serán denunciados ante la Corte Penal Internacional por el Colectivo por la Paz, integrado por madres de desaparecidos.

De acuerdo con el abogado del Colectivo por la Paz Xalapa, Ricardo Morales Carrasco, los exfuncionarios dañaron a las familias, causando perjuicios humanos.

En conferencia de prensa, realizada en un restaurante de la ciudad, el abogado indicó que la denuncia es por desapariciones de personas durante el pasado sexenio.

La denuncia ha sido integrada por los casos de más de 50 personas desaparecidas, cuyos familiares forman parte del colectivo mencionado.

Ésta será presentada, en primera instancia, ante la Procuraduría General de la República (PGR). Después, se hará llegar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se encargará de enviarla al fiscal de la Corte Penal Internacional, en Suiza.

La denuncia por la desaparición forzada de personas será presentada durante la primera semana de agosto.

"Es el primer caso de un colectivo en todo el país que reclama como delitos que van contra la humanidad. El resto son por separados, pero como colectivo es el primero a nivel nacional", apuntó Morales Carrasco.

Los familiares de desaparecidos buscan que se proceda de manera internacional contra los exfuncionarios mencionados.

Duarte de Ochoa seguirá preso en el Reclusorio Norte, luego de que fue vinculado a proceso por vínculos con la delincuencia organizada y lavado de dinero.

Bermúdez Zurita, mejor conocido como Capitán Tormenta dentro de la corporación, permanece en el penal de Pacho Viejo, Coatepec, desde el pasado 3 de febrero, por tráfico de influencias y abuso de autoridad; sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) también lo investigada, en proceso penal distinto, por enriquecimiento ilícito.


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