-Quería arraigo domiciliario
DE LA REDACCIÓN
La jueza de control Mónica Segovia Jácome estableció la prórroga de medida cautelar por el tiempo que dure el proceso penal a la excoordinadora del gobierno estatal pasado, María Gina “N”.
La audiencia celebrada el pasado viernes en la sala 4 inició a las 9:00 y concluyó a las 21:17 horas, la cual fue solicitada por la Fiscalía General del Estado (FGE) para llevar a cabo una revisión de las medidas cautelares, al cumplir un año en prisión preventiva.
Esta audiencia fue celebrada por la jueza Mónica Segovia, luego de que el 24 de enero del 2017 en una audiencia intermedia del proceso penal 110/2017 fue suspendida la anterior jueza, Verónica Portilla Suazo, a quien María Gina “N” acusó de actuar con imparcialidad, violar sus derechos humanos al negarle alimentos, y mostrarle animadversión y enemistad, por lo que solicitó al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) que su caso fuera revisado por otro titular del órgano jurisdiccional.
Durante la audiencia del proceso penal 110/2017 que se le sigue a la exfuncionaria estatal, su abogado defensor solicitó a la jueza Mónica Segovia la extinción de la medida cautelar que y se le dé arraigo domiciliario, debido a que su hijo y su hija han resultados afectados emocionalmente por el proceso que enfrenta su mamá.
Al regresar del segundo receso, a las 18:11 horas, la defensa de María Gina “N” presentó copias certificadas y documentos originales de la constancia de la escuela de su menor hija con iniciales V. A. D., con edad de 9 años y una beca obtenida por su hijo con edad de 20 años en una universidad en Puebla, pero que tuvo que abandonar a causa del proceso penal enfrentado por su madre.
En las más de 12 horas que duró la audiencia, el abogado defensor presentó a dos peritos, una mujer con experiencia en trabajo social y el otro en evaluación de perfil criminalístico, los cuales fueron aceptados por la jueza e interrogados.
Los peritos refirieron que al evaluar a María Gina determinaron que ésta “no presenta un perfil de peligrosidad, no es agresiva y no tiene riesgo de fuga”.
También la defensa presentó copias simples, copias certificadas y originales de las actas de nacimiento y defunción del padre y la madre de la exvocera del ex gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
Asimismo, documentos de actas de nacimiento de sus hermanas, su hija e hijo, como la CURP, certificado de estudios de educación primaria de María Gina “N” y examen profesional y certificado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana con fecha de 1983, con el propósito de demostrar su permanencia en Veracruz.
Al solicitar el cambio de la medida cautelar, el abogado defensor ofreció que la exvocera acudiera cada semana a comparecer ante el juez, la prohibición de salir de la demarcación que señale el órgano jurisdiccional y que le fuera colocado un brazalete electrónico con localizador.
Explicó que la empresa GPS Monitor Rastrero presta estos servicios a la Unidad de Supervisión y Medidas Cautelares de la Policía Federal para reos de carácter federal en la Ciudad de México y que María Gina “N” está dispuesta a erogar el pago de cuatro mil 770 pesos para obtener el brazalete electrónico y un depósito a la empresa de 19 mil 900 pesos.
De igual forma, la exvocera ofreció tres domicilios diferentes donde habitó y ahora habita su familia a fin de que pudiera ser localizada por la autoridad en caso de darle el arraigo domiciliario.
El abogado defensor presentó un acta notarial en la que se da fe que María Gina “N” renunció al cargo de coordinadora de Comunicación Social el 20 de febrero del 2014 y en su lugar fue nombrado el ahora diputado federal, Alberto Silva Ramos.
Indicó que del 20 de febrero del 2014 al 21 de mayo del 2017, fecha en que fue detenida por policías ministeriales, la ex funcionaria nunca se fue a otra ciudad, lo que demuestra que no tenía y ni tiene intenciones de huir de la justicia.
Por su parte los fiscales dijeron a la jueza de control que el abogado defensor “trata de sorprenderla con sus argumentos”, pero hay riesgo de fuga de María Gina “N”, por lo que solicitaron que desechara los documentos y elementos de prueba presentados.
Finalmente la jueza de control determinó establecer la prórroga de medida cautelar por el tiempo que dure el proceso penal por los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, coalición, enriquecimiento ilícito y el presunto desvío de cuatro mil millones de pesos de la administracion estatal anterior.
