Solicitará el nombramiento de un enlace de la Procuraduría con el Poder Legislativo
Yhadira Paredes
Xalapa, Ver.- El diputado local presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, Francisco Garrido Sánchez, propondrá al procurador de Justicia del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, que se nombre un enlace de la dependencia para dar seguimiento específico a las denuncias que presentó el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), por daño patrimonial en contra de ocho municipios y dos entes estatales.
En su participación en la conferencia de prensa en donde se dieron a conocer los resultados a la revisión de la Cuenta Pública 2012 y del proceso de reconsideración, indicó que se determinó un daño patrimonial superior a los 285 millones de pesos.
Ante esta situación, el Orfis presentó el pasado miércoles las denuncias correspondientes contra ocho ayuntamientos y dos entes fiscalizables, por lo que el legislador advirtió que se dará seguimiento para que estos procesos se cumplan de manera cabal.
Consideró que para mantener una comunicación directa con la Fiscalía estatal, se le planteará al procurador Bravo Contreras la posibilidad de nombrar un enlace para mantener la cercanía con el Poder Legislativo y dar seguimiento puntual a las 10 denuncias ya presentadas.
“Establecer después de una reunión con la Comisión Permanente de Vigilancia, solicitar al Procurador que nombre un enlace para estos temas en particular, con quien podamos estar de manera permanente vigilando que se lleve a buen puerto el tema de las denuncias presentadas”.
El objetivo -dijo- es asegurar que toda la información que requiera la autoridad para llevar a cabo las investigaciones e indagatorias se haga llegar de manera inmediata.
Asimismo, Garrido Sánchez sostuvo que el compromiso de la Comisión de Vigilancia es llegar hasta las últimas consecuencias, para que las denuncias no se queden sin que se proceda de manera legal en contra los responsables.
La mañana de ayer jueves el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) dio a conocer que se presentaron denuncias penales en contra de los ayuntamientos de Alvarado, Castillo de Teayo, Chacaltianguis, Cuitláhuac, Fortín de las Flores, Mecatlán, Vega de Alatorre, Xico y el Fideicomiso del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, así como la Oficina Operadora de Agua de Ciudad Mendoza.
