Agencias / CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), externó que en el Gabinete de Seguridad hay preocupación por una próxima decisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para posiblemente eliminar la prisión preventiva oficiosa.
En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este martes 16 de abril en Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación informó que se envió una carta a las ministras y los ministros de la SCJN para expresarle estas preocupaciones.
Alcalde indicó que la Constitución establece en su artículo 19, segundo párrafo, que las personas acusadas de cometer delitos que por su gravedad sean de alto impacto para la sociedad, como es el caso de delincuencia organizada, de narcotráfico, homicidio, secuestro, feminicidio, tortura, trata de personas, abuso sexual infantil, entre otros, deberán llevar su proceso bajo prisión preventiva, "para poder garantizar -de entrada- que el acusado comparezca a juicio, que no haya una fuga y para salvaguardar la seguridad de las víctimas y de los testigos".
Señaló que la SCJN está proponiendo invalidar el artículo 19 y ordenar a todos los jueces del país en aplicar la prisión preventiva de oficio.
"Esta decisión la toma a partir de una resolución emitida en enero de 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, como sabemos, es una instancia judicial internacional que pertenece a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, en donde condena México y resuelve que se deben adecuar las leyes, incluyendo la Constitución para eliminar la prisión preventiva", refirió.
Las preocupaciones
Luisa María Alcalde mencionó ante López Obrador las preocupaciones:
-"Creemos que la Suprema Corte no solo se excede en sus facultades, sino que pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que esto significa para la paz y seguridad de nuestro país", dijo.
-Esta decisión, señaló, impactaría a la posible liberación de 68 mil presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa al día de hoy; 11 mil 640 acusados de homicidio; 7 mil 150 acusados de secuestro; 5 mil 617 de violación; 4 mil 13 de narcotráfico y narcomenudeo; 3 mil 800 de portación de armamento y explosivos; mil 405 de feminicidio; mil 273 de abuso infantil y corrupción de menores, y 405 por delincuencia organizada.
-Señaló que entre los principales estados que se verían afectados por esta decisión, destaca el Estado de México, donde hay 21 mil 718 personas en prisión preventiva oficiosa: "El número es tan alto –precisamente- porque la problemática está vinculada a la enorme tardanza de los propios jueces y de la cantidad de recursos y amparos que hacen que todos estos procesos duren mucho tiempo en resolverse".
-"Ese asunto debe atacarse por el propio Poder Judicial, la enorme tardanza de los procesos y las resoluciones, la liberación de estas personas -como hemos dicho- pondría en riesgo, primero, a los testigos y a las víctimas que son las personas que los han acusado, por supuesto, al personal, desde policías, personal de la fiscalía, los propios juzgadores", mencionó.
-Indicó que el Gabinete de Seguridad ve un riesgo a la población en su conjunto, ante la posibilidad de la comisión de nuevos delitos.
-También mencionó un riesgo para la seguridad nacional porque se trata de individuos que presuntamente están asociados a grupos del crimen organizado y que cuentan con capacidad económica y operativa, incluso con alto riesgo de darse a la fuga.
-"Estamos viendo con preocupación la carga excesiva, que esto significaría tanto para las fiscalías como para los juzgados", apuntó. "Si de por sí hoy tardan muchísimo tiempo en resolver esta medida, va a aumentar esos tiempos cuando se trata de uno de los orígenes del problema", declaró.
-Luisa María Alcalde dijo que a los ministros y a las ministras se les hizo saber que esta decisión vulnera la soberanía nacional, pues la existencia de organismos internacionales no implica que los estados renuncien a su soberanía, ni a su derecho a autodeterminarse. Ningún Estado, gobierno, organismo o tribunal extranjero puede ordenarle a México modificar su Constitución, modificar su régimen político, ni su forma de gobierno, señaló.
"Hacerlo sería un acto inadmisible de injerencia, ¿y a quién le toca defender nuestra Constitución? Precisamente, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque, aunque la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos tienen la misma jerarquía y deben interpretarse todos de manera armónica, cuando una norma internacional se opone a una norma constitucional debe prevalecer siempre nuestra Constitución", expuso.
-También dijo que el artículo 9 de la Ley Sobre la Celebración de Tratados, señala que México no puede reconocer resoluciones de organismos internacionales cuando esté de por medio la seguridad del Estado, el orden público o cualquier otro interés general de la nación.
-"La Suprema Corte se excede al anular una disposición constitucional, cuando la única facultada para reformar o para eliminar un artículo de la Constitución es el Congreso de la Unión, a través de los diputados y los senadores con dos terceras partes, con la ratificación de la mayoría de los congresos locales. Nos parece que esta decisión, el poder judicial es asumirse como el gran poder de los poderes", declaró.
-Alertó que diversos juzgados federales han ido aún más lejos porque, sin que la Corte se haya pronunciado sobre este tema, el pleno de la región centro-norte, que comprende 18 estados, emitió ya una jurisprudencia que ordena a todos los jueces a conceder suspensiones de amparo que promueven las personas que tienen órdenes de aprehensión, precisamente, por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
La titular de Segob hizo un llamado a la SCJN a respetar la Constitución, respetar la división de poderes, no excederse en sus en sus facultades, considerar las graves consecuencias que eliminar la prisión preventiva oficiosa tendría para la seguridad nacional en las circunstancias actuales y que valoren atacar mejor uno de los problemas de fondo, "que es la enorme tardanza de las resoluciones, de sus asuntos".
