EL UNIVERSAL
CIUDAD DE MÉXICO, VER.- El riesgo de morir o desaparecer siendo joven en México escaló en los últimos años. Las tasas de homicidios y desaparición de este sector se dispararon entre 2006 y 2022. Por cada 100 mil personas asesinadas o desaparecidas, la tasa de jóvenes siempre es superior a la tasa nacional que incluye a todas las edades.
De acuerdo con un análisis hecho por el equipo de Investigación y Datos de El Universal, en 2006 había 10 asesinatos por cada 100 mil personas de 12 a 29 años en todo el país. Para 2022, la tasa creció a 28 por cada 100 mil. En el caso de las desapariciones, el aumento es aún mayor: en 2006 se encontraba en un registro por cada 100 mil jóvenes, y en 2022 se situó en 29.
La mayor parte de los registros de desapariciones de jóvenes corresponde a mujeres. En 2013, la tasa de desapariciones de mujeres de 12 a 29 años superó significativamente a la de los hombres de esta misma edad, al llegar a 32 por cada 100 mil mujeres jóvenes, y 22 por cada 100 mil hombres jóvenes.
En números absolutos, más de 400 mil personas de todas las edades fueron asesinadas de 2006 a 2022 en México, y se registró la desaparición de más de 200 mil.
Cuatro de cada 10 personas asesinadas o desaparecidas tenían de 12 a 29 años. Es decir, todos los días asesinaron, en promedio, a 26 jóvenes y 20 desaparecieron.
Los datos presentados a lo largo de este trabajo surgen de un análisis de las bases de datos de homicidios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), proyecciones de la población de México y de las entidades federativas del Consejo Nacional de Población (Conapo), así como una descarga del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO), realizada por Morlan, una consultora de análisis de datos.
En el registro, el Gobierno mexicano asegura que 65% de las personas reportadas originalmente como desaparecidas, eventualmente fueron halladas con o sin vida.
Sin embargo, en este trabajo periodístico se contabiliza a toda persona que haya entrado al registro sin excluir a las localizadas, debido a publicaciones periodísticas que documentan inconsistencias en el registro gubernamental de personas encontradas, así como testimonios de familiares de víctimas.
La descarga de los datos se realizó en diciembre de 2023.
"HABÍA HASTA UN NIÑO DE 14 AÑOS"
El cuerpo de Francisco Mosqueda Rosas, de 27 años, fue encontrado por su madre Juana Rosas en una fosa clandestina junto con otros casi 90 cadáveres de jóvenes en Salvatierra, Guanajuato, en noviembre de 2020. Es la inhumación ilegal más grande reconocida oficialmente en la historia del estado, donde se han registrado algunas de las más altas tasas de homicidios y desapariciones en la última década.
Paco, como le decían, soñaba con tener su propio negocio, recuerda Juana, quien abre su hogar para esta entrevista en Salvatierra, ciudad con historia independentista, hoy capturada por la violencia.
"Desde chico era muy traviesito y empezó a trabajar. Nos hacía reír a todos. Cuando eran fiestas, le gustaba cantar", comparte Juana.
Un día, la alegría se apagó. Paco desarrolló una depresión severa tras su divorcio y una dependencia a las drogas. Con los medios a su alcance, sus padres intentaron que se recuperara, por lo que hicieron que ingresara a un anexo, como se le conoce a los lugares donde se interna a personas con adicciones, no siempre en buenas condiciones.
Preocupado, el 29 de febrero de 2020, Paco le pidió a su padre que le prestara 5 mil pesos. "Es que debo una lana y, si no [pago], pues tú sabes", dijo el joven. Tras una discusión con su padre, quien le pidió volver a anexarse, Paco salió de su casa y no volvió, por lo que levantó una denuncia de desaparición. "Ahí es donde empieza mi agonía", dice la señora, que trabaja de enfermera.
Sin avances en la investigación durante meses, Juana decidió buscar ella misma a su hijo. Contactó a Angélica Almanza, del colectivo de mujeres buscadoras Ángeles de pie por ti. Personas de la comunidad les refirieron que escuchaban gritos y lamentos en un predio cerca del histórico Puente de Batanes. Recuerda los olores, los escalofríos y la tristeza que sentía el día del hallazgo de la fosa, búsqueda para la cual compraron herramientas con su propio dinero. "Había hasta un niño de 14 años", rememora mientras describe artefactos de tortura que fueron encontrados en el predio.
Una prueba de ADN confirmó que uno de los cuerpos encontrados era de su hijo. Tiempo después del hallazgo, el padre de Paco fue asesinado, presuntamente a consecuencia de un intento de extorsión. "Mi vida se apagó", comparte.
Actualmente, ella sostiene dos luchas: una contra el cáncer de tiroides y otra junto a las integrantes del colectivo para convertir el predio del hallazgo en un sitio de memoria para visibilizar la dimensión de la violencia contra las y los jóvenes en Salvatierra y dar tranquilidad a las familias, quienes denuncian que el terreno sigue siendo utilizado para fines delictivos. Buscan que el gobierno compre este predio, que tiene un valor de 700 mil pesos, lo cual es referido por las autoridades como una limitante. Lo que realmente falta es "voluntad política, que el gobernador Diego Sinhué acepte que hay fosas en el estado", dice la activista Angélica Almanza.
En tiempos recientes, Salvatierra fue noticia internacional por la masacre de 12 jóvenes que celebraban una posada en una hacienda del siglo XVII. "Era de esperarse que esto sucediera", reflexiona Almanza, pues es el resultado de años de violencia contra la juventud. Tanto Juana como Angélica tenían sobrinos que fueron asesinados en la hacienda ese diciembre de 2023.
Tras la masacre, la violencia se recrudeció en la ciudad. "Es como si se hubiera dado un permiso para matar", dice Almanza. La investigación está parada, y las y los sobrevivientes y sus familias viven daños a su salud mental y miedo a repercusiones. En esta ciudad rica en historia hace falta memoria. En Salvatierra, donde una vez caminó la Independencia de México, las mujeres están salvando la tierra, y la memoria de sus muertos y desaparecidos.
"A SU HIJA LE QUEDÓ GRANDE EL PAQUETE"
Dos veces ha pensado Fabiola Barrios que está a punto de encontrar a su hija, Susana Vanessa Cruz Barrios, quien desapareció a cuadras de su casa en Jojutla, Morelos, en un carnaval el primer día de 2022. A los 21 años, Susana era madre de un bebé de cuatro meses.
"Si me pega, me descuartiza o me mata, lo que me haga, tú intenta ser feliz. Sigue tu vida siempre con una sonrisa", le dijo Susana a su madre unas horas antes de su desaparición. La joven era víctima de violencia por parte de su pareja, papá de su hijo. "Me llegaba en la madrugada golpeada", la voz de Fabiola se quiebra durante la entrevista. "Mamá, ahora me arrastró mi suegro, ahora fue su hermano. Todo el tiempo alguien la golpeaba ya".
A causa de una precaria investigación oficial, la sospecha de que su yerno sea el responsable no es la única hipótesis sobre la desaparición de su hija. Fabiola piensa que también pudo haber sido víctima de trata de personas, a raíz de una investigación realizada por ella misma, como lo hacen miles de madres en este país.
Morelos tuvo la tercera tasa más alta de desaparición de mujeres jóvenes en 2022, con 89 por cada 100 mil. De 2015 a 2022, se situó entre las cinco entidades con las tasas más altas de feminicidios.
Durante la celebración de año nuevo, Susana salió a ver a los chinelos, bailarines tradicionales, y no volvió a casa. Las autoridades dijeron a Fabiola que esperara 72 horas para el reporte de desaparición, pero ella sola adelantó la búsqueda.
Un vecino le informó que había visto a su hija con dos hombres frente a una fábrica de concreto que tiene cámaras, pista que llevó a la fiscalía. Pero ésta tardó siete meses en solicitar las grabaciones, por lo que el archivo ya se había borrado. "Confié ciegamente en las autoridades, creí que me iban a ayudar. ¿Cuándo van a salir a buscarla?", reclama.
La fiscalía no sólo tardó siete meses en investigar porque "había gente que llegó antes", sino que criminalizó a Susana cuando su madre compartió que en algún momento de su adolescencia había consumido marihuana. "Posiblemente a su hija le quedó grande el paquete" de tener un hijo, le dijo el Ministerio Público: "Yo creo que ya se fue de traficante y anda en malos pasos. Por eso es que dejó a su hijo".
"En vez de que digan 'no aparece una mamá', están cuestionando qué tan buena o mala madre es", cuenta Fabiola.
Por el contrario, su bebé Adolfo Emiliano lo era todo para Susana. "Ella en verdad deseaba a su hijo. Era un amor desvivido", recuerda.
Las autoridades citaron a la pareja de Susana por el antecedente de violencia, pero él negó tener responsabilidad y no investigaron más.
A los nueve meses de la desaparición, sin ningún avance en la investigación, una amiga de su hija llamó a Fabiola. Le dijo que estaba viendo a Susana en ese momento afuera de una unidad habitacional en el municipio de Xochitepec, acompañada de dos hombres. Luego la subieron a un carro blanco.
Fabiola pidió apoyo a la fiscalía, donde dijeron que no podían asistir con ella a buscarla porque ese lugar era un "foco rojo" de trata de mujeres. "¿Cómo es posible?, si ustedes son la autoridad", respondió la madre, quien acudió ella misma a hacer "búsquedas en vida", a pegar la ficha de desaparición de su hija y a hablar con los vecinos. Pidió a la fiscalía revisar cámaras del centro de vigilancia C5 que estaban en ese sitio, pero no servían.
Fue hasta los 11 meses de la desaparición que la fiscalía realizó un cateo, cuando una llamada anónima reportó que a Susana se la llevaban todos los días –en un carro blanco– hombres con las mismas características que anteriormente le habían referido.
Susana no apareció, pero sí hallaron a una joven que tenía un año desaparecida. "Me dijeron que gracias a mi investigación la habían encontrado y sólo me dieron la foto de la chica de recuerdo", dice Fabiola. No investigaron más sobre el lugar.
Este año se reportó que Susana había sido vista en Tijuana en situación de calle. Pero no se trataba de ella. "Se siente como que la vida está jugando contigo. Que ya la voy a encontrar, y no". Fabiola ha intentado, sin éxito, cambiar la carpeta de investigación al delito de trata.
Los colectivos Unión de Familias Resilientes de Morelos y Regresando a Casa Morelos solicitan investigaciones con perspectivas de género, apoyo y seguridad en el rastreo de fosas clandestinas, exhumaciones e identificación humana, y que se haga caso a sus denuncias sobre la participación de redes de trata de personas vinculadas a la desaparición de mujeres.
SIN LUGAR SEGURO
Del total de jóvenes asesinados en el país de 2006 a 2022, el rango en mayor riesgo comprende de los 18 a los 29 años, aunque los casos se acumulan notablemente a partir de los 15 años. Las desapariciones se concentran en un rango aún menor: adolescentes de 13 a 18 años.
En este trabajo se realizó un análisis nacional que toma en cuenta las diferencias estadísticas en todo el territorio, por lo que el país se dividió en cinco regiones: Centro, Noreste, Noroeste, Occidente y Sur-Sureste, de acuerdo con la clasificación establecida por el gobierno federal en 2013 para la implementación de la estrategia de seguridad. Los datos fueron contrastados con la visión de especialistas de cada región.
De 2006 a 2022, en todas las regiones del país el riesgo de ser víctima de desaparición fue más alto para los jóvenes de 12 a 29 años que para la población de todas las edades. Por su parte, la violencia homicida presentó variaciones en el periodo de análisis, siendo 2011 y el lapso de 2015 a 2019 los más letales para la juventud.
VIOLENCIA ESTRUCTURAL
Un total de 17 especialistas en violencia y juventudes de cada región del país coinciden en que el detonante del aumento de la violencia contra la juventud fue la llamada guerra contra el narco, cuyo origen es una política prohibicionista.
Sin embargo, concuerdan en que el crimen organizado no es el principal enemigo a vencer, sino la violencia estructural que precariza a la juventud. Si bien cada entidad federativa tiene dinámicas particulares, los principales factores que vuelven a la juventud mexicana más vulnerable ante la violencia o a ser cooptada por el crimen son la falta de trabajo digno, educación y la falta de proyectos de vida a causa del estancamiento económico y la desigualdad, la desatención de la salud mental, otros problemas de salud —como las adicciones y la incapacidad del Estado para tratarlas—, la violencia familiar, la criminalización social y de las autoridades, la corrupción y la impunidad.
A nivel nacional, el promedio de escolaridad en el censo 2020 del Inegi fue de 9.7. "Eso quiere decir que prácticamente todos los jóvenes en México terminan la secundaria, llegan a la preparatoria y se salen", comenta el sociólogo Raúl Zepeda Gil, quien -a través de una investigación con jóvenes privados de la libertad por delitos violentos- encontró que los jóvenes reclutados por el crimen son aquellos que escapan de la precariedad laboral.
"En México no tenemos una discusión de trabajo precario, apenas si avanzamos el tema de horas de trabajo y salario mínimo, que yo creo que vamos a una buena dirección, pero no es lo único, falta movilidad social, acceso a vivienda, a todos los derechos sociales", reflexiona Zepeda, estudioso del nexo que hay entre las desigualdades socioeconómicas y conflictos en Latinoamérica, y actualmente profesor de la Universidad de Oxford.
El porcentaje nacional de personas jóvenes en situación de pobreza fue de 40% en 2022, de acuerdo con el Coneval. Esta condición incluye el rezago educativo, el acceso a la salud y a la alimentación, entre otras variables, frecuentemente señaladas como factores de precarización por especialistas consultados.
Zepeda señala que el programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, la gran apuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que los jóvenes no tomen el camino criminal, está orientado al primer empleo, y no es la política necesaria contra la violencia, sino formalizar el trabajo y mayores salarios. Comenta la necesidad de modificar el mercado laboral vinculándolo con incentivos para terminar la preparatoria y que ésta valga.
Para las juventudes también es difícil acceder a la salud mental. De acuerdo con las estadísticas de mortalidad del Inegi, la tasa de suicidio nacional subió de 5.3 por cada 100 mil personas en 2017 a 6.3 en 2022, y en este último año la mayor incidencia fue entre los 25 y 29 años.
El problema no sólo contempla la depresión, sino el sufrimiento social: "Los estragos de la guerra contra el narcotráfico a nivel sicológico no han sido atendidos porque no hay capacidad institucional, no es prioridad. No hay infraestructura suficiente para la grave crisis humanitaria y de derechos humanos que hay en este país", explica Séverine Durin, quien ha trabajado con jóvenes en Nuevo León.
Otra problemática de salud que se agrava en contextos precarizados es la casi inexistencia de clínicas públicas para atender adicciones, lo cual puede ocasionar que jóvenes ingresen a anexos en los cuales no son tratados adecuadamente. Los especialistas en juventud y violencia también describen un sistema de acoso por parte del crimen, y de enganche para ser reclutados o para acumular deudas.
Este fenómeno está relacionado con dinámicas de violencia a nivel micro: desde ser asesinados o desaparecidos por pequeñas deudas, o ser víctimas secundarias por estar cerca de un espacio de consumo, a comprarle droga a una banda que no es del territorio, hasta ser violentados al dedicarse al microtráfico.
El asedio contra la juventud también lo cometen las autoridades que criminalizan y no investigan los crímenes. "Existe una violencia institucional que niega su condición de víctimas, los estigmatiza y convierte en el ‘algo andaban’", acusa la antropóloga Rossana Reguillo.
Datos
159,500 jóvenes fueron víctimas de asesinato de 2006 a 2022.
126,873 jóvenes ingresaron al registro de desaparecidos de 2006 a 2022.
