El pasado jueves 19 noviembre se aprobó en el Senado de la República la nueva Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), en aras de desincentivar la corrupción y facilitar la rendición de cuentas; dando paso al manejo transparente de los recursos públicos y elevar la confianza de los mexicanos en sus instituciones.
Con este nuevo instrumento anticorrupción, se fortalece el derecho ciudadano de acceso a la información pública, la cual no podrá ser objeto de indagación judicial o administrativa, ni restringida por vías directas o indirectas; fomentándose la participación en la toma de decisiones públicas, a la par de garantizar la confidencialidad de los datos personales.
Cabe destacar, que sólo se podrá reservar información cuando esté en riesgo la seguridad nacional, las negociaciones internacionales, la política monetaria, que obstruya la persecución de delitos, vulnere los expedientes judiciales o afecte la salud de las personas. En este sentido, ninguna información puede ser reservada cuando esté relacionada con la violación de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad.
Aquellos funcionarios públicos que nieguen información podrán ser sancionados por los órganos de transparencia, creándose una auténtica política de Gobierno Abierto, en la que los Poderes de la Unión ponen a disposición de la ciudadanía, la información del ejercicio de sus funciones, del gasto público y sus principales decisiones.
Con la LFTAIP habrá más sujetos obligados que tendrán que rendir cuentas a la sociedad, debido a que ahora también lo estarán, no solo los gobiernos, sino también legisladores, jueces, partidos políticos, sindicatos, personas físicas y morales que reciban recursos públicos, así como directivos de fideicomisos y fondos públicos.
Asimismo, se pretende impulsar la cultura de la transparencia y rendición de cuentas desde los primeros años de escuela, garantizándola a través del uso de tecnologías que faciliten el acceso a la información y en formatos accesibles para cualquier ciudadano; por lo cual, todas las instituciones públicas deberán contar con Unidades de Transparencia, para atender y solucionar las solicitudes de información recibidas en un plazo no mayor a 15 días.
Con la creación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, damos un paso fundamental para consolidar los avances en materia de transparencia y hacer de México un país más democrático; dando condiciones para que los grupos vulnerables –indígenas, discapacitados, adultos mayores, entre otros– puedan ejercer su derecho a la información pública.
Toca al Sistema de Administración Tributaria cobrar las multas a los sujetos obligados y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolver lo procedente, siendo definitivas e inatacables para todos los sujetos obligados.
Toda ley es perfectible, las críticas propositivas y constructivas serán bienvenidas. Como toda Ley, esta no es estática y puede mejorarse cada vez que sea necesario; queda ahora en manos de la H. Cámara de Diputados su pronta aprobación.
Es innegable, que la transformación del Estado Mexicano continúa impulsada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para transitar hacia nuevos estándares de democracia y a una nueva etapa de progreso en beneficio de todos los sectores. Por eso, el gobierno federal entiende la necesidad de hacer trasparente la entrada y salida del dinero público, la aplicación que hacen quienes lo manejan, su impacto y destino final.
En el Senado de la República hay plena disposición para seguir aprobando y generando los instrumentos legales necesarios, que permitan erradicar la corrupción que tanto daña al desarrollo de nuestro país.
