Agencias
México, DF
El presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión las iniciativas para crear las leyes generales para prevenir y sancionar los delitos en materia de desaparición de personas, tortura y otros tratos crueles o degradantes, a fin de erradicar estas prácticas en el país.
En el marco de la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2015, el mandatario federal firmó las iniciativas que –dijo– son proyectos de gran trascendencia para enfrentar con determinación estos flagelos que atentan contra la dignidad humana.
Acompañado por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, apuntó que la ley para prevenir y sancionar la desaparición de personas establece cuatro instrumentos para una nueva política pública enfocada a este fin.
Prevé la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda, que instruye la inmediata movilización de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia en las horas subsecuentes a la desaparición, que son las más críticas, así como un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, integrado con información de hospitales, centros de detención y servicios médicos y forenses.
De igual manera, propone la creación de un Registro Nacional Forense con instrumentos de alta tecnología para facilitar la localización de las personas, así como un Consejo Nacional Ciudadano, integrado por defensores, especialistas y familiares, para asesorar y emitir opiniones al Sistema Nacional de Búsqueda.
En tanto, la ley para prevenir y sancionar la tortura establece la creación de Unidades Especializadas de Investigación tanto a nivel federal como en las entidades federativas, así como un Mecanismo Nacional de Prevención en el que participen la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organismos locales de defensa de los derechos humanos.
En el marco de esta iniciativa también se propuso la creación del Registro Nacional de los Delitos de Tortura y otros Tratos Degradantes, conformado con datos de las procuradurías General de la República y de los estados, que permita dar seguimiento a la información sobre los avances en este sentido.
Al ratificar el compromiso de su Gobierno a favor de la dignidad humana, los derechos humanos y el fortalecimiento permanente del marco normativo y las capacidades institucionales, Peña Nieto apuntó que ambas iniciativas son producto de un proceso de consulta con legisladores, académicos, especialistas y sociedad civil.
En la ceremonia en el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos, subrayó que de aprobarse estas leyes, será la primera vez que exista una estrategia que abarque los tres niveles de Gobierno para “atacar con contundencia” estos delitos, que no prescribirán y que se perseguirán de oficio, con un marco jurídico homologado para todo el país.
Agregó que las iniciativas fueron enriquecidas por organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja.
En este sentido, dijo que construir una sociedad que respete la dignidad de las personas y los derechos humanos no es sólo una tarea que le ocupe al presidente, que “sin duda es responsable de darle cauce e inducirla”, pero se deben converger los esfuerzos de la sociedad organizada y las instituciones del Estado en un frente común, enfatizó.
Por ello pidió hacer un frente común entre sociedad organizada, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), las instancias de protección y defensa de derechos humanos e instituciones del Estado Mexicano.
Luego de entregar el premio a Consuelo Morales Elizondo, por su trabajo para localizar a personas desaparecidas, y mención honorífica a Sandra Jiménez por su apoyo a la niñez y los adolescentes, el jefe del Ejecutivo federal sostuvo que hay avances en la materia, pero reconoció que aún “ocurren hechos inaceptables como la desaparición forzada y la tortura”.
Acompañado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y la procuradora General de la República, Arely Gómez, reconoció el trabajo de la sociedad civil para construir un México en el que se respete la dignidad de las personas, y llamó a no partir de la desconfianza, sino de una mayor apertura y un trabajo conjunto entre gobierno y sociedad.
