El Universal
México, DF
El Gobierno federal decidió elevar a rango de delito federal el robo de combustibles y sancionarlo con penas de hasta 25 años de prisión y multas por un millón 826 mil pesos, no sólo a quien se apropie de hidrocarburos de manera ilegal sino a quien lo compre.
Mediante el decreto por el que se expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, y diversas reformas al Código Penal, publicado por la Secretaría de Gobernación (Segob) en el Diario Oficial de la Federación, se establece que el Ministerio Público Federal perseguirá de oficio a quien no demuestre la posesión legal de hidrocarburos, petroquímicos o activos.
El ordenamiento legal advierte que en caso de que los sujetos involucrados en actos ilícitos sean trabajadores o prestadores de servicio de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores (gasolineros) o servidores públicos de la industria petrolera (como Pemex) o de las instituciones policiacas, las sanciones aumentarán hasta una mitad más de acuerdo con la pena prevista, independientemente de las sanciones correspondientes a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.