Agencias
Ciudad de México
La falta de avances en las investigaciones sobre la tragedia ocurrida a 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010 es una muestra más de la negligente respuesta del Gobierno mexicano a la profunda crisis de derechos humanos que vive el país, señaló Amnistía Internacional (AI).
"El Gobierno mexicano tiene la obligación de llevar a cabo investigaciones eficientes y de generar un plan integral de reparación del daño para estas víctimas y sus familias, que han buscado justicia durante más de cinco años", afirmó Érika Guevara, directora para las Américas de AI, tras reunirse el martes con familiares de las víctimas.
El 22 de agosto de 2010, 58 hombres y 14 mujeres de Guatemala, El Salvador y Brasil fueron asesinados presuntamente por miembros del cártel de Los Zetas en un rancho del municipio mexicano de San Fernando.
Desde entonces –señaló AI en un comunicado difundido– las pesquisas realizadas han sido insuficientes y los familiares siguen reclamando que se les garantice su derecho a la verdad.
A ello se suman graves fallos en el proceso de identificación y entrega de restos, lo que ha llevado a los familiares a tener serias dudas y exigir la revisión de sus casos.
