La estructura legal que conformará al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), inició ya con la aprobación del dictamen de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la Cámara de Diputados (donde estuvo congelada seis meses). Toca ahora al Senado de la República revisar y, en su caso, aprobar los artículos modificados por los diputados.
Entre los cambios más relevantes, se eliminó un párrafo del Artículo 23, en el cual se establecía que los cargos en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) serían de confianza. Al quitarlo, los trabajadores de este organismo conservarán sus derechos laborales y su pertenencia al apartado B de los empleados del Estado.
Por otra parte, el proyecto de ley aprobado en San Lázaro dejó fuera la iniciativa ciudadana Ley 3de3, que busca que los funcionarios hagan pública sus declaraciones fiscal, de intereses y patrimonial. Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho, aclaró que esta iniciativa no era “materia” ni correspondía a los temas de transparencia. En respuesta, Jorge Álvarez Maynez, diputado de Movimiento Ciudadano, partido que realizó la propuesta, aseguró que ello era señal de que el PRI no quiere ir contra la corrupción.
“La propuesta para que los partidos políticos tuvieran que presentar su ley tres de tres, además de los funcionarios y legisladores. Creo que es una muy mala señal con respecto a lo que viene en las próximas semanas de discusión del Sistema Anticorrupción. Yo creo que el PRI y sus aliados está decididos a no meterse a fondo en el tema de rendición de cuentas y transparencia”, aseguró.
En tanto, la condición que pusieron el PAN y el PRI para aprobar el SNA, a saber, la de conformar una Fiscalía con suficientes atribuciones y un titular nombrado por dos terceras partes del Senado, podría estar representando una traba para el avance de las negociaciones en el Senado.
